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Exposiciones de guante blanco de los cuatro candidatos que optan a presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que comparecieron ayer ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Guante blanco porque ninguno deslizó críticas veladas hacia la presidenta saliente, Pilar de la Oliva, que opta a la reelección. Y porque hubo más semejanzas que diferencias en las propuestas programáticos de los cuatro candidatos que pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

PEDRO CASTELLANO

­­­­Una presidencia cercana que aporte «tranquilidad y seguridad en el trabajo».

El primer magistrado en comparecer, Pedro Castellano, y actual presidente de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, fue el único que aludió al «volumen de trabajo excesivo» de la justicia valenciana y la necesidad de «aportar tranquilidad y seguridad en el trabajo». Ofreció una presidencia del TSJCV «cercana» a través de desplazamientos y visitas «para escuchar los problemas y necesidades de los partidos judiciales», además de un «trato exquisito a forenses, abogados, funcionarios y usuarios sin caer en provocaciones». Fue el único que aludió a «la crisis sufrida por una economía dedicada al negocio del ladrillo y a la debacle del sistema financiero» como problemáticas que han aumentado la carga de trabajo judicial. Castellano defiende especializar a jueces, como han hecho letrados y fiscales, comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer, potenciar servicios comunes, crear gabinetes psicosociales adscritos a juzgados «porque actualmente no funcionan y ralentizan los juzgados de familia, además de peritos especializados en delincuencia económica y corrupción». Y ser «transparente con el ciudadano».

VICENTE MAGRO

­­­­Exportar las experiencias piloto de Alicante a todo el TSJCV.

Vicente Magro aportó como principal aval sus 18 años al frente de la Audiencia de Alicante, por lo que apostó por extender al TSJCV experiencias piloto desarrolladas con éxito en Alicante, como la oficina de coordinación institucional en casos de seguridad vial, asistencia a las víctimas del delito y la violencia de género que, en estos últimos casos, vincularía al Observatorio contra la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También apostó, como Castellano, por comarcalizar los juzgados de violencia de género para «evitar la doble velocidad de estos juzgados», según donde vivan las víctimas. Los ejes de su presidencia serían la gestión, la coordinación y el conocimiento judicial. Magro también apuesta por crear comisiones de trabajo mucho más amplias que la existente con la Conselleria de Justicia «ya que debe ampliarse a fiscales, forenses, funcionarios y otros operadores judiciales» y defiende la creación de la figura de un coordinador provincial «para unificar criterios» a la hora de dictar sentencias. «Los problemas de la justicia no sólo se solucionan creando juzgados. Poner jueces de apoyo es cortoplacista», sentenció, por lo que defendió crear un foro de mediación de conflictos y trasladar la mediación a los juzgados. «No sólo somos un poder sancionador, sino solucionador de los problemas de la sociedad: la corrupción, la violencia de género, las víctimas del delito y la atención a menores».

JUAN MEJÍAS

­­­­La mediación como la clave que garantiza el ahorro.

La dilatada trayectoria como mediador fue una de las bazas que aportó Juan Francisco Mejías, titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, el único novato en las lides de optar a la presidencia del TSJCV. Un mandato en el que apostaría por la «mejora de la eficiencia y el ahorro de costes, el ejercicio del liderazgo y la comunicación bilateral de la justicia hacia dentro y hacia fuera». Mejías fue el único que aportó un informe económico del ahorro que se alcanzaría con la mediación: 177,6 millones anuales en todo el Estado, con sólo derivar el 10% de los asuntos a la resolución de conflictos prejudicial. 533 millones al año si se derivara el 30% de asuntos. O propuestas concretas muy sencillas como reducir los envíos postales por electrónicos. «Permitiría un ahorro anual de 26 millones de euros anuales. Si sólo lo hace un juzgado es una gota en el mar que no se ve, pero si lo hacen todos€ Esto es el I+D de la justicia: trabajar de otra manera para mejorar los resultados». El fin de su discurso fue todo un alegato de coaching. «Tengo ideas, pasión, preparación y experiencia. No se puede parar el viento, pero se pueden construir molinos».

PILAR DE LA OLIVA

­­­­El aval de la lucha contra la corrupción y desatasco de juzgados.

La última en comparecer fue la actual presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, quien aportó su mejor aval: «El TSJCV se ha ganado un respeto por el trabajo realizado en los casos de corrupción», tras el controvertido final de la presidencia de su antecesor, Juan Luís de la Rúa, por su cercanía al ex presidente Francisco Camps. De la Oliva desgranó con precisión quirúrgica las estadísticas de los avances logrados en su mandato para desatascar los juzgados más colapsados en Elx, Orihuela, Torrevieja y Gandia, o los afectados por causas de corrupción. Aunque De la Oliva tiene cuerda para rato. «Mi linea de trabajo y la de mi equipo será extender el mapa de juzgados especializados a los partidos judiciales, crear juzgados mixtos porque son flexibles y no comprometen la planta, importar el modelo de Barcelona en los servicios comunes», implantar el expediente judicial electrónico en un partido judicial de tamaño reducido y con sedes habilitadas, como Vila-real, Castelló o Elx, extender el programa de conformidades, seguir apostando por la transparencia y favorecer el uso del valenciano en la justicia -la única que lo citó-. De la Oliva sí que reivindicó «más juzgados y más jueces» para hacer frente al estrés, la presión y la impotencia porque, por más horas que se dediquen, los jueces ven que no pueden dar respuesta a los problemas de los ciudadanos».