La Conselleria de Educación no autorizará el aumento de aulas concertadas en aquellos municipios, o distritos de escolarización en el caso de las ciudades, donde haya plazas vacantes en los colegios públicos. Asimismo, los nuevos criterios que regularán la primera planificación de plazas escolares conjunta de la enseñanza pública y concertada en la Comunitat Valenciana, determinan que el cierre de unidades por falta de alumnado se aplicará sobre autorizadas provisionalmente en los centros privados subvencionados, «siempre que haya espacio disponible en otros centros de la localidad».
Estas son las dos grandes novedades de los criterios que regirán la planificación de la oferta de plazas escolares en los colegios de Educación Infantil (3-5 años), Primaria y Educación Especial para el próximo curso 2016-17 en toda la enseñanza sostenida con fondos públicos. Así consta en el borrador de instrucciones del llamado arreglo escolar que el departamento del conseller Vicent Marzà comenzará a debatir mañana jueves en las diferentes mesas de negociación con los sindicatos docentes, la patronal de la concertada y el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV).
Desde Educación subrayan que «nunca hasta ahora se había hecho un arreglo escolar global, donde las reglas del juego son iguales para todos». «Para nosotros no hay diferencia entre pública y concertada, todos son centros sostenidos con fondos públicos», añaden.
Nuevos criterios generales
Los criterios generales que determinarán en qué colegio o colegios de un municipio o zona de escolarización se aumente o disminuya la oferta de unidades (aulas) contemplarán, entre otros aspectos, los estudios de planificación educativa, «que deben prever necesariamente la distribución geográfica, la demanda anterior y la zonificación», se lee en el borrador.
Además, también se tendrá en cuenta «la continuidad» del alumnado en el centro, las tendencias en el desplazamiento de la población escolar, la «existencia de barreras físicas entre barrios y distritos» y los programas plurilingües „las líneas de enseñanza en valenciano o castellano„ en el centro, y la «distribución geográfica» de los colegios así como la distancia entre ellos.
Así, el aumento de unidades se estudiará de forma conjunta, según fijan las instrucciones, «desde el análisis de la escolarización de todos los centros» del municipio o «a nivel de área de influencia en el caso de grandes ciudades».
El borrador deja claro que «no será procedente el aumento de unidades cuando, con las existentes „a nivel local o en el área de influencia „ se puedan satisfacerlas necesidades de escolarización». Esto, en la práctica, supone que no se autorizarán nuevas aulas en los centros concertados más demandados mientras haya plazas vacantes en los colegios públicos.
Algo que no ocurría con el PP, según sindicatos docentes como el mayoritario Stepv o la Federació d'Ensenyament (FE) de CC OO, críticos con la anterior conselleria por cerrar aulas en la pública mientras las abría en la concertada.
Marc Candela, portavoz del Stepv, ve «positivo» que conselleria «atienda la reivindicación histórica de que el arreglo escolar incluya la foto de la pública y la concertada». «Llevamos años reclamando que si se tienen que cerrar unidades, primero se haga en la privada y no al revés como hasta ahora», añade Ferran V. Garcia, desde la FE CC OO.
En este punto, el borrador fija que «en el caso de existir centros privados concertados con autorizaciones provisionales de unidades, la propuesta de disminución de unidades se aplicará en estos centros, siempre que haya espacio disponible en otros centros de la localidad».
Reproches de los sindicatos
No obstante, no son todo aplausos para Marzà, pues ambos sindicatos critican que el arreglo escolar par «se siga haciendo con las plantillas docentes recortadas por el PP», reprocha Candela, «y con las ratios de alumnos por aula hinchadas por el ministro Montoro», apunta Xelo Valls (FE CC OO).
Educación también lleva a las mesas de negociación con los agentes educativos el proyecto de orden que regulará el proceso de admisión del alumnado y con el que liquida el distrito único de escolarización introducido por el PP. El baremo para el próximo curso volverá a primar la cercanía del domicilio al centro escolar en el caso de querer acceder a un centro con más demanda que plazas ofertadas.
