La operación «Hispaniolus» (sinónimo de «castellano» en latín) que provocó la detención en mayo del exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano y nueve imputados más por amañar concursos aún provoca réplicas. Un dispositivo desplegado en seis comunidades autónomas, coordinado desde el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt y la Fiscalía Anticorrupción, acabó ayer con veinte detenidos y otros tantos registros en empresas y sedes oficiales que seguían realizándose al cierre de esta edición, según fuentes de la investigación.
Entre los arrestados, figura el ex director general de Interior de la Consellería de Gobernación y también de Personas con Discapacidad y Dependencia del departamento de Bienestar Social, Pedro Hidalgo Caballero, por su presunta relación con la trama que amañaba los contratos de los aviones antiincendios. Hidalgo también se habría beneficiado, presuntamente, de los regalos y cacerías con los que el empresario, Vicente Huerta, agasajaba a los responsables de adjudicar los 34,1 millones de los dispositivos aéreos contraincendios en la Comunitat Valenciana.
Implicados en Cataluña
La operación policial desarrollada ayer por el Grupo 24 de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) se saldó con la detención de otras 19 personas más, entre ellas otro alto cargo de la Generalitat de Cataluña, Xavier Palmés, y dos responsables del cuerpo de bomberos catalán -Manel Bosch y Ramón Dinares-. También habrían sido arrestados, según confirman fuentes de la investigación, otros empresarios que se repartían con la empresa Avialsa el pastel de los concursos de extinción antiincendios como Ángel Martínez Ridau, de la empresa Faasa, además de responsables de las mercantiles Coyotair y Sky. Los registros provocados por la investigación también afectaron a Inaer, una compañía especializada en servicios de emergencia aérea y mantenimiento de aeronaves, cuya sede en Mutxamel (l'Alacantí) fue registrada por agentes de la UDEF, donde detuvieron a dos personas más. Esta última operación estaría originada por una denuncia procedente de Andalucía, aunque relacionada con el amaño y reparto de los concursos, que investigan el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt y la Fiscalía Anticorrupción.
De hecho, los registros y detenciones salpicaron a un total de seis comunidades autónomas: Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El sumario que investiga los amaños en los contratos de extinción de incendios forestales afecta a más de 30 personas y 20 empresas del sector aéreo investigadas por amañar, supuestamente, los concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e, incluso, internacional (Italia y Portugal).
La causa, que sigue secreta incluso para las partes, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público, según fuentes del TSJCV.
