La Generalitat revisará todos los expedientes relacionados con Inaer Helicópteros, la empresa registrada ayer por la policía dentro de la operación que investiga el amaño de los contratos antiincendios. Inaer es la contratista de la Generalitat en el servicio de helicópteros y trabajos de extinción de incendios forestales, además de los helicópteros de urgencias sanitarias, coordinación de emergencias y policial, según informan fuentes de la Generalitat.

Tras conocer la operación policial que ha afectado a diferentes operadores de Inaer en varias provincias y el registro de su sede en Mutxamel, el director de la Agència de Seguretat i Resposta a les emergències, José María Ángel, explica que ha pedido la revisión de los contratos en vigor con esta empresa. «Facilitaremos a los servicios jurídicos económicos de la Generalitat la fiscalización y la revisión de todos los expedientes con Inaer para verificar su judicialidad». Ángel insta también a la empresa a seguir prestando con normalidad los servicios contratados en la Comunitat Valenciana. De hecho, la mercantil tiene prorrogado desde noviembre de 2015 y hasta febrero de 2017 el servició de helicópteros y brigadas destinadas a la extinción de incendios forestales, coordinación, emergencias y urgencias sanitarias, además del helicóptero policial per un importe de 15.692.886 euros. El contrato prorrogado se formalizó en febrero de 2013 hasta noviembre de 2015 por 37.790.264 euros.

Tras conocer el alcance de la operación, el portavoz adjunto de Compromís en las Corts, Juan Ponce, consideró que la detención del ex director general de Interior y otras 19 personas más en la causa que también investiga a Serafín Castellano «corrobora el saqueo continuado que ha realizado el PP en la Comunitat Valenciana durante dos décadas» que, para este caso concreto, asciende a «contratos de 33 millones de euros en tres años».

El portavoz parlamentario recordaba que «durante la anterior legislatura Compromís preguntó en numerosas ocasiones por qué se permitía a esta empresa todo tipo de irregularidades en el cumplimiento del contrato», a lo que «Castellano decía que Avialsa era la única empresa que optaba a los concursos».

«Y preguntándole por qué a veces se sustituían unos aviones por otros y permitía rebajas en la calidad de los contratos, nunca contestaba: Se salía por la tangente y aceptaba tácitamente las condiciones impuestas por la empresa», añade Ponce. El diputado recuerda que «con posterioridad se supo que esta empresa había realizado regalos a Castellano», además de que «también ha habido negociaciones entre varias empresas para repartirse los negocios de la extinción de incendios en todo el ámbito estatal». Compromís considera que «es tiempo de exigir responsabilidades judiciales y económicas a los gestores del caos y el derroche sufridos».