Las empresas contratistas de la extinción aérea de incendios que están siendo judicialmente investigadas por el presunto amaño de adjudicaciones en administraciones públicas de toda España actuaban como un cártel a la hora de maquinar la estrategia para eliminar la competencia e incrementar así sus beneficios. Pactaban precios, concertaban hasta los salarios de los pilotos y se turnaban en el reparto de las concesiones, según fuentes de la investigación y tal como acreditan las actas que constan en el sumario y que ayer fueron aireadas por este diario.
El presunto fraude no se limitaba a esa actuación para repartirse el mercado bajo mano con la supuesta participación de políticos y técnicos a los que se sobornaba con regalos para que siguieran el guión marcado por los empresarios. Además, se hinchaba al máximo el beneficio también a la hora de calcular las retribuciones y pautar esos costes en los pliegos de las adjudicaciones.
Tanto Anticorrupción como el juzgado de Instrucción número dos de Sagunto investigan un presunto fraude en las horas de vuelo que se facturaban. Documentación a la que ha tenido acceso este diario revela cómo en concesiones como por ejemplo el contrato plurianual 2007-2008 abonado por la Generalitat de Cataluña se acabaron pagando 4.000 horas de vuelo cuando en realidad se prestaron 1.111.
El servicio se adjudicó por 4.328.628 euros (726.000 más que el anterior) e incluía cuatro aviones de vigilancia y ataque (AVA) al fuego por un total de 31 meses, con 2.000 horas de vuelo anuales entre las cuatro aeronaves. En 2007 se realizaron 720 horas de vuelo real y 391 el año siguiente. La facturación, mensual, alcanzó el 100% de lo pactado cuando en realidad la prestación fue del 27,7%. En ese caso, como en los contratos valencianos adjudicados a Avialsa, se optó por el sistema de fijar previamente un cupo de horas „como una tarifa plana„ resultante de una media ponderada a partir de las últimas campañas antiincendios. De esta forma se evitaba la modalidad de contrato antiguo en el que se facturaban las horas de vuelo realmente prestadas y, por tanto, se acababa pagando más si había más incendios. Es lo que se conoce en el sector como «economía del fuego». Ese sistema, utilizado en todos los territorios en los años 80, fue sustituido por el citado de la tarifa plana, si bien, con la crisis, algunas comunidades volvieron a la vieja fórmula. No es el caso de los contratos en la Comunitat Valenciana.
Un cupo sobrevalorado
El fraude consistiría, según fuentes conocedoras de la investigación, en hinchar el cupo de horas pautadas. En la práctica, establecer como cupo más horas de vuelo de las que se habían prestado en la peor de las campañas de los años precedentes. Es lo que está investigando el juez que instruye la causa de la valenciana Avialsa, que se ha extendido al presunto cártel que incluiría a contratistas como T. A. Martínez Ridao, Trabajos Aéreos Espejo, Faasa Aviación, Cegisa, T. A. Extremeños o el Grupo Inaer, cuya sede en Mutxamel fue registrada el miércoles por el Grupo 24 de la UDEF de la policía judicial.
