El virus de la corrupción que contaminó presuntamente amplias parcelas de la gestión popular en la diputación y otras administraciones públicas y que está siendo investigado por un juzgado valenciano, pudo haber infectado procesos de adjudicación de contratos millonarios en el área informática, catastral y tributaria de la institución provincial. En el macrosumario del caso Rus consta abundante documentación procedente de la corporación provincial y en buena medida incautada por la UCO de la Guardia Civil en los registros de la empresa pública Imelsa. Entre los expedientes e informes de la diputación figuran documentos que acreditan cómo un cargo público provincial dejó rastro escrito sobre su voluntad de intervenir en el proceso de adjudicación de un contrato para que se ejecutara según la voluntad del entonces presidente Alfonso Rus.
En concreto, la lupa del juez y de la Fiscalía apunta hacia la concesión a la empresa informática T-Systems de un contrato de 2.718.594 millones «para implantar un nuevo sistema de información de gestión y recaudación de tributos», según consta en el registro de adjudicaciones de la institución provincial. El acuerdo de prestación de servicios se firmó el 19 de mayo de 2014 para un período de cuatro años. Un documento que lleva fecha de un año antes, cuando se estaban perfilando los detalles de esta inversión millonaria en modernizar informáticamente la gestión tributaria, revela cómo responsables de las distinas áreas implicadas preparaban los pliegos de condiciones y los criterios para valorar las propuestas.
En ese contexto consta, según fuentes de la investigación, cómo se le trasladaba al entonces gerente Marcos Benavent y a otros cargos intermedios la conveniencia de convocar a todos los miembros de la mesa de contratación para que sus «objetivos se alineen con los del presidente», en alusión a Alfonso Rus. El impulsor de este plan de seducir a los encargados de seleccionar al contratista para que comulgaran supuestamente con el exalcalde de Xàtiva les recordó, asimismo, que el proyecto había sido impulsado por Rus. No acaba ahí el diseño de la operación para satisfacer supuestamente los deseos del exmandatario provincial. Dentro de esas mismas maquinaciones se diseñó una propuesta de mesa de contratación en la que estaba previsto incluir al Oficial Mayor de la corporación; al viceinterventor; al jefe del servicio provincial de gestión tributaria, Ricardo Ángel; al responsable de gestión informática, José Benedito o al jefe de sección de evaluación y planificación, Salvador Deusa. Al menos estos tres últimos sí formaron finalmente parte de la mesa que adjudicó el contrato, por procedimiento abierto y al que se presentaron dos ofertas. La ganadora recibió 87,40 puntos, mientras que Gestión Tributaria Territorial obtuvo 69,60.
El informe de necesidad lo rubricó Salvador Deusa, mientras que De Ángel y Benedito emitieron el de valoración global de las proposiciones técnicas y económicas, en el que T-Systems recibió 52 puntos y la oferta perdedora, 49,34.
A la contratista elegida se le concedió un segundo contrato cuatro meses después —el 12 de septiembre de 2014— para el «mantenimiento técnico integral de la aplicación de gestión tributaria y recaudación TAO», según consta en el Boletín de la Provincia. Un servicio adjudicado por 55.817 euros y 12 meses sin posibilidad de prórroga. Esta vez se optó por el procedimiento negociado sin publicidad, esto es, a dedo, «dado que en la presente contratación no es posible promover la libre concurrencia», se argumentó oficialmente. T-Systems facturó a la diputación 619.549 euros hasta el cierre de 2014. En los expedientes que constan en el sumario judicial no figura documento alguno que acredite que los servicios prestados se adecuaran a un precio de mercado.
