La Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, que las Corts derogó la pasada semana y el PP tiene intención de presentar de nuevo en la Cámara, es, según la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), «estrafalaria, incómoda, innecesaria y surrealista».

Lo aseguró ayer el vicepresidente del organismo normativo, Josep Palomero, durante la entrega en las Corts de la memoria de 2014 de esa entidad. El representante de la AVL añadió que la polémica suscitada hace dos años cuando el Consell intervino porque no le gustaba el significado del término «valenciano» que incluía el Diccionari Normatiu está ya olvidada. Calificó de «anécdota» la presentación de aquella ley, pero reveló que algunos cargos del PP, entre los que citó al entonces vicepresidente, José Císcar, y a la consellera de Educación, María José Catalá, trataron de frenar aquella deriva del Consell de Fabra «porque entendían que ya no debía estirarse más», dijo Palomero. Pero aquellos intentos naufragaron cuando el protagonismo de la norma lo asumió el entonces conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaria.

Respecto al uso de la lengua en las instituciones, Palomero pone como ejemplo al actual Consell porque «suele usar más el valenciano» que el anterior. En su opinión, el poder político y el legislativo es un «ejemplo» de cambio «en la forma de proceder». Con todo, la ausencia del instrumento clave para la expansión de la lengua propia como la radio y la televisión sigue siendo un lastre para la autonomía, remarca.

Por otra parte, la reposición de siete vacantes en la AVL, que tiene el proceso de selección abierto para ampliar los 16 integrantes que la Acadèmia tiene en la actualidad, resulta clave para la independencia absoluta del ente respecto a la intervención política. Quince años después de la creación de la AVL, el poder político ya no participa en la reposición de vacantes, sino que son los propios académicos los que las realizan, lo que permite «refrescar» la entidad cada cinco años, señala Palomero. El representante de la AVL también anunció ayer que en abril saldrá en papel el Diccionari Normatiu que ha disparado el número de visita a 5,7 millones al año, lo que lo convierten en una herramienta de uso clave.