El servicio de intermediación hipotecaria del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Cemicav) ha logrado desde su creación en 2012 1.111 acuerdos extrajudiciales en este de procedimientos. Además de evitar desahucios, este sano hábito de la mediación también ha ahorrado a las arcas públicas 3,3 millones al evitar que se celebraran 1.111 juicios, teniendo en cuenta que cada vista judicial puede tener 3.000 euros de coste, de media.

Este dato de ahorro se facilitaba ayer en la jornada «Jueces, abogados y mediadores: una colaboración útil para todos», organizada por el ICAV, a la que asistieron el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, el magistrado del juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, Francisco Mejías, y los directores del Cemicav Ángela Coquillat, Francisco Nemesio y Francisco Ferrer, como ponentes, y el decano del ICAV, Rafael Bonmatí, entre el público asistente que llenó el salón de plenos.

Viguer destacó la eclosión legislativa que ha vivido la mediación, desde que el Gobierno incorporó en 2012 la directiva europea sobre la materia aunque, reivindicó, «se echa en falta la mediación en el ámbito penal, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) no la incorpora». A pesar de esta regulación legislativa de la mediación, Viguer criticó la «falta de apoyo de las administraciones en crear unas infraestructuras mínimas. Es imprescindible una mayor labor pedagógica, recursos personales y materiales, formación e información para favorecer la mediación e, incluso, introducirla como obligatoria en casos de familia, herencias o propiedad horizontal». También reclamó, como hizo en Levante-EMV Bonmatí, que se incorpore al servicio de justicia gratuita.

El magistrado Mejías, un «apóstol» de la mediación desde los años 90, reivindicó esta resolución de conflictos como «el I+D de la justicia, porque no podemos asumir toda la cantidad de asuntos judiciales que entran. Y no se dice para quitarnos trabajo, sino para resolver bien los conflictos más complicados». Mejías aboga por extender la mediación a todas las jurisdicciones: «civil, mercantil, contencioso y, naturalmente en penal».

Sobre todo por una cuestión de ahorro. «Un juicio vale casi 3.000 euros y, a veces, se litiga por cantidades que no superan los 500 euros». Por eso reivindicó que funcionarios, Letrado de la Administraciones de Justicia y jueces deben «derivar cuanto antes a la mediación los asuntos susceptibles de resolverse por esta vía».

Nemesio reivindicó que un abogado «no puede ser abogado sin conocer la mediación», además de ser «muy recomendable para determinados conflictos», aunque algunos letrados no la favorezcan «porque crean que cobrarán honorarios menores». Y Ferrer invitó a los letrados a explorar la mediación en la vía penal porque, citó como ejemplo, puede «resolver agresiones entre hermanos» aportar recursos y opciones distintas a las de una sentencia.