Dos nuevos testigos del «caso Valmor», que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 y la compra de esta empresa por parte de la Generalitat, ratificaron ayer en el juzgado que daban cuentas del día a día de la mercantil al entonces vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla.
Como ya hicieron la semana pasada José Luis Olivas, en calidad de ex presidente de Bankia, y Fernando Roig, como antiguo propietario de Valmor, ayer comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia dos ex directivos de la empresa creada para gestionar el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia.
El primero en declarar fue el representante de Bankia en el consejo de administración de Valmor quien ratificó ante las partes que la empresa se creó por expreso deseo de la Generalitat, la auténtica impulsora del evento y de quien partió la idea de «crear una sociedad para gestionar el Gran Premio».
De esta manera, Valmor era una especie de «sociedad interpuesta» que se dedicaba a gestionar el gran sueño de los responsables de la Generalitat, que Valencia fuera la sede de un circuito urbano de Fórmula 1 a imagen y semejanza de Mónaco.
Así que la Generalitat estaba informada al detalle de la evolución de la empresa y de su situación económica cuando fue adquirida por decisión del Consell a cambio de un euro.
«La Generalitat sabía que compraba un agujero» ya que se daba cuenta de todo al ex vicepresidente, Vicente Rambla, según fuentes de la investigación. «Todo estaba tutelado por la Generalitat», aseveró.
El segundo testigo coincidió en señalar que la empresa no se creó por iniciativa privada, sino que fue la Generalitat la que impulsó su creación, al tiempo que defendía la gestión eficiente de la empresa, aunque tuviera pérdidas desde el primer año.
El origen de esta causa es una querella presentada en diciembre de 2014 por la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra Francisco Camps, Lola Johnson y Aspar, todos ellos investigados meses después de que Esquerra Unida y el PSPV-PSOE registraran una denuncia por la compra de Valmor ante la Fiscalía.
La querella apuntaba posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde abril de 2006 (las negociaciones previas para que Valencia acogiera un Gran Premio) hasta el 19 de julio de 2011, cuando la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor.
