La trama investigada por el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en la empresa pública Acuamed, habría creado una trama por la que empresas de obras públicas y los representantes de esta sociedad pactaban sobrecostes y precios por encima del valor habitual de mercado que en algunos casos alcanzaban el 10% del importe de las adjudicaciones , según se desprende de la investigación realizada hasta ahora y que ha desembocado en la detención de 13 personas y la imputación provisional de otras 35.
Esta práctica podría haber generado un fraude de 25 millones de euros en las arcas del Estado, según los expertos de la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga los hechos.
Para garantizar estos ingresos era necesaria la connivencia entre los altos cargos de la empresa pública y los empresarios, pero también la de algunos cargos intermedios de Acuamed que firmaban la recepción de las obras.
Según pudo saber Levante-EMV, poner objeciones a las certificaciones y modificados propuestos por determinados contratistas significaba el despido, como ocurrió en el caso de Flix y probablemente también con el del director de ingeniería de Acuamed Francisco Manuel Valiente, cuya denuncia en la Fiscalía Anticorrupción desencadenó la operación y que ayer declaró ante el juez Velasco ratificando las irregularidades de las que no quería ser cómplice.
El destino del dinero «opaco»
Los sobrecostes pactados habrían generado un flujo de dinero «opaco» que inicialmente iba a parar a las empresas y cuyo destino final es ahora el objetivo de los investigadores, una vez acreditada que la práctica corrupta existía y se aplicaba en los contratos con determinadas empresas.
Además del posible desvío de dinero, los investigadores parecen tener acreditada la entrega de regalos de elevada cuantía al personal de la empresa pública.
La operación «Frontino» acumula ya 13 detenciones entre las que se encuentran el hasta ayer director general de Acuamed, Arcadio Mateo; la directora de Ingeniería y Construcción, Gabriela Mañueco, los delegados de la de Murcia y Valencia, Pablo Martín y Jaime de Miguel Gómez, En contra de lo que apuntaron algunas fuentes, el técnico Sergio Grau no se encuentra detenido, sino que se le incautó el ordenador y está a la espera de ser citado a declarar en la Audiencia Nacional. Además, han sido detenidos también el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado; el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini, y el presidente de la empresa Pipeline Manuel Moreno Maestre, que ya estaba siendo investigado en el caso Marismas sobre una trama de facturas falsas en beneficio de Abengoa en Sevilla.
Entre los detenidos se encuentra también Nicolás Steegmann, antiguo director técnico en Trasagua, la predecesora de Acuamed y encargada de la construcción del fallido trasvase del Ebro. Steegmann es consejero delegado de Altec infraestructuras, ahora denominada Altyum Proyectos y Obras. Algunas de los contratos de estas firmas forman parte del material requerido por los investigadores en la sede de Acuamed de Valencia.
Obras en Campelllo y Mutxamel
Con la denominación de Altyum, la firma fue adjudicataria en octubre de 2013 del refuerzo del abastecimiento de Campello y Mutxamel por importe de 9.012.606,68. En 2009 ya fue adjudicataria en UTE con Romymar de las obras de la segunda fase del proyecto de prevención de inundaciones en el Serpis, por un importe de 16,3 millones de euros.
El juez Eloy Velasco tiene previsto iniciar hoy la toma de declaraciones a las 13 personas detenidas y en los próximos días llamará a declarar a otras 35 investigadas en la causa.
Sobre el origen de la denuncia, el secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de Acuamed, Pablo Saavedra, confirmó ayer que el exdirector de Ingeniería Francisco Manuel Valiente, hizo denuncias sobre las contrataciones de la empresa que fueron analizadas por los servicios jurídicos del ministerio, por Acuamed y un despacho externo de abogados, que no vieron las irregularidades que ahora observa la Fiscalía, a donde acudió Valiente tras su despido.
