El desencuentro judicial y personal que mantiene la actual junta directiva del Colegio de Médicos de Valencia con sus antecesores en el cargo, capitaneados por la expresidenta Rosa Fuster, cumple hoy un nuevo capítulo con la declaración de Fuster en los juzgados como imputada.

La expresidenta del ente colegial está citada hoy en el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia como investigada (imputada) por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y apropiación indebida, tal como confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Fuster, que cedió el puesto a la actual presidenta Mercedes Hurtado, debe dar cuenta de la retirada de caja de una cantidad superior a los 10.000 euros que se justificó con el fin de pagar a un suministrador de servicios pese a que luego éste garantizó que no había recibido el dinero. Tras comprobar lo sucedido, fueron los actuales responsables de la entidad colegial los que decidieron interponer la denuncia ante los tribunales para esclarecer lo sucedido. La causa avanza hoy con la toma de declaración de Fuster.

Esta no es, sin embargo, la única batalla que enfrenta en los juzgados a las dos juntas directivas. En el juzgado de Instrucción número 4 se siguen actualmente diligencias de investigación por la querella que en su día presentó la actual cabeza de la entidad colegial, Mercedes Hurtado, contra Fuster por un préstamo de 477.000 euros que realizó la anterior junta a una empresa y que todavía no se había saldado.

En su día, Fuster defendió que la operación se había realizado con el único ánimo de beneficiar al colegio buscando generar intereses y que la devolución del préstamo debía llevar su proceso, con un preaviso.

Hurtado, también imputada

Por otra parte, presidenta y expresidenta mantienen también otra causa judicial que las enfrenta directamente. Fuster denunció por un presunto delito de calumnias e injurias a Hurtado que fue a declarar a los juzgados el pasado mes de mayo en calidad de imputada.

También lo están siete miembros de su junta de gobierno. El juzgado de instrucción número 17 de Valencia admitió a trámite la querella de Fuster que acusó a la nueva junta de formular «calumnias e injurias» 48 horas antes de las elecciones a la presidencia de la entidad colegial en varios correos electrónicos enviados.

De forma transversal, la nueva junta directiva está realizando una auditoría de las cuentas.