Todo lo que tuviera que ver con licitaciones convocadas por operadores públicos o privados para la compra o alquiler de construcciones modulares pasaba por sus manos. Así, las empresas inmersas en la trama de corrupción investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se repartían los clientes, fijaban los precios y decidían quien se quedaba con qué. Si había alguna empresa que no estuviera en el negociado, contactaban con ella. A los clientes se les ofrecía presupuestos a precios más altos o más bajos, en función del acuerdo al que habían llegado en el reparto de clientes.
Al tratarse de construcciones modulares, la mayor tajada la obtuvieron con los contratos de barracones de Ciegsa. La instalación de aulas prefabricadas en los centros públicos de la Comunitat Valenciana movió más de 29 millones de euros entre los años 2008 y 2012. Pero esta trama no solo se centró en educación. Durante dos años (de 2010 a 2012) las empresas de la trama de los barracones también metieron mano en los contratos para el suministro de construcciones modulares para el Gran Premio de Moto GP, el circuito de Fórmula 1, el Festival de Música Independiente de Benicàssim (FIB), el Rototom o el Arena Sound de Burriana.
Así consta en al resolución de la CNMC que desgrana, punto por punto, la estrategia a seguir de cara al reparto de clientes y eventos, los contratos para las aulas prefabricadas de los colegios e institutos e incluso el precio pactado si los módulos eran para uso sanitario o para cubrir otro tipo de ofertas. Todo ello documentado con correos cruzados entre los directivos de las empresas, así como la acreditación de al menos 22 reuniones bilaterales o multilaterales entre febrero de 2009 y diciembre de 2012, «con distinto grado de participación, en función de su presencia geográfica y de los acuerdos adoptados respecto de licitaciones o clientes». La red, además, actuaba en prácticamente todo el territorio español, con una conducta que desarrolla en las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Galicia, País Vasco, Aragón, Castilla La Mancha, Andalucía y Cataluña.
Dieciséis empresas investigadas
La CNMC ha investigado a un total de 16 empresas „ABC Arquitectura Modular, firma participada por Agro Inmobiliaria (compañía controlada por la familia Juan Lladró); Algeco Construcciones Modulares; Algeco Scotsman Holding; Alquibalat.; Alquileres Barceló Sáez; Arlan; Dragados; ACS Actividades de Construcciones y Servicios; Etxekit; Uriondo Bat; Renta de Maquinaria (Remsa); Calem; Representaciones Norte; Sistemas Modulares Goikoa; Vallas y Casetas Brun„ aunque finalmente solo ha sancionado a siete de ellas (ABC, Algeco Construcciones, Alquibalat, Alquibarsa, Arlan, Dragados y Remsa). A excepción de Arlan, el resto de empresas sancionadas actuaron en la Comunitat Valenciana.
El informe asegura que el mecanismo utilizado por las empresas incoadas era «análogo en todas las zonas afectadas» y consistía en que, a raíz de las publicaciones de los Acuerdos Marco de las comunidades autónomas de las ofertas realizadas por operadores públicos o privados para la compra o alquiler de módulos, «los competidores implicados y con presencia en la zona establecían contactos para pactar los descuentos y las condiciones técnicas a ofertar para resultar adjudicatarios de las licitaciones públicas derivadas de dichos Acuerdos Marcos o contratistas de los contratos privados. De esta forma se repartían el número de módulos a suministrar o trasladar y se garantizaban sus cuotas de mercado», señala la resolución de la CNMC.
Acuerdos marco de Ciegsa
La zona de Levante tenía su propio cártel que encuentra la gallina de los huevos de oro en el «elevado número de contratos» en el ámbito educativo a partir de 2008. De hecho, el primer Acuerdo Marco de Ciegsa de 2008 tuvo una vigencia de ocho meses y un valor total de las adquisiciones estimado en 6 millones de euros, sin IVA. El informe de la CNMC asegura que «hubo contactos entre dos de las empresas „Algeco y ABC„ al objeto de repartirse las licitaciones (...) y en concreto acordaron el reparto de dos colegios públicos para que cada empresa se quedara con el centro en el que estaba interesada». El informe asegura que «consta en el expediente elementos de prueba que acreditan los acuerdos alcanzados por empresas competidoras para repartirse las adjudicaciones de 2009, 2010 y 2011 en relación con los contratos derivados de los respectivos Acuerdos Marcos suscritos». Y para muestra, un botón. «El acuerdo entre los que hemos quedado dentro del Acuerdo Marco ha sido concretar qué centros docentes nos preadjudicamos entre nosotros, quedando reflejado en el cuadro adjunto», recalca el expediente como muestra de uno de tantos correos e informes que se intercambiaban las empresas investigadas.
En 2010, sin embargo, deciden hincarle el diente a los contratos de los macroeventos con una estrategia clara que refleja el informe: «la idea es hacerlos un año cada uno e ir subiendo los precios al mayor ritmo posible».
