La Generalitat Valenciana no quiere que pisos protegidos ya construidos continuen cerrados más tiempo, mientras familias sufren para llegar a fin de mes y jóvenes no pueden acceder a una primera vivienda.

Ayer, la consellera de Vivienda María José Salvador, se reunió junto a representantes de doce municipios valencianos que cuentan con viviendas sociales o protegidas que no se han vendido ni se han alquilado en los últimos años. El objetivo, como contó la consellera, es coordinarse con las localidades y que los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a estas viviendas. Para ello, la conselleria ha modificado el régimen de uso de las viviendas protegidas, para que aquellas que estaban en régimen de venta también se alquilen.

Desde el 1 de enero está en marcha el Plan de Alquiler Asequible, una de las diez medidas del Plan de Dignificación de la Vivienda Social que el gobierno valenciano ya había anunciado. Este programa contempla que el precio del alquiler no es un importe fijo, lo marcan los ingresos de cada unidad familiar, para lo que se han establecido tres tramos.

En el primero tramo „para familias con ingresos que no superen los 11.182 euros anuales„, la renta de alquiler a pagar no supera el 25 % de los ingresos ponderados. El segundo tramo va dirigido a las familias con rentas entre los 11.182 y los 18.637 euros, y el alquiler „incluidos los gastos comunitarios„será como máximo del 30 % de los ingresos; y para quienes superen estas cifras anuales, el pago mensual no superará el 30 %, pero sin contar los gastos de comunidad. Además, de estas nuevas condiciones ya se benefician las personas que ya cuentan con un alquiler de viviendas sociales.

Se han contado 378 viviendas protegidas que estaban en régimen de compraventa y ahora también pasarán a alquiler, y unas 500 que no se alquilaron (de un total de 1.040), todas ellas en inmuebles de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE).

María José Salvador explicó que en muchos casos, sobre todo enValencia, el precio de alquiler de estos pisos es más alto que el del mercado libre. «No se puede consentir desde una Administración Pública tener viviendas vacías cuando hay demandantes, como jóvenes o personas que no están en situación de exclusión social, pero que no pueden acceder a una vivienda». La consellera criticó que el EIGE (antiguo IVVSA) fue «un agente más en el mercado y en el desarrollo de políticas especulativas» durante la época del «boom inmobiliario».

Los municipios que cuentan con viviendas son Orihuela, Pego, San Vicent del Raspeig, Alicante, Vinaròs, Albaida, Gandia, Gavarda, Sueca, Torrent, Paterna y Valencia.