El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama creada en la empresa pública Acuamed, responsable de ejecutar la política hidráulica del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, decretó anoche la prisión provisional «comunicada y sin fianza» de cinco de los 13 detenidos en el marco de la operación « Frontino».
Entre los detenidos enviados a prisión figuran el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, a quien el juez considera urdidor de la trama que recibió múltiples regalos y prebendas„incluido un trasplante de pelo que benefició al directivo„ a cambio de aceptar modificaciones en los contratos que reportaron grandes beneficios a las empresas implicadas y un quebranto a las arcas públicas.
La Guardia Civil encontró una cantidad próxima a los 100.000 euros en metálico en el domicilio del director general de Acuamed. El dinero estaba distribuido en billetes de distinto valor, según informó Europa Press.
El juez ordenó también el ingreso en prisión sin fianza para la directora de Ingeniería y Construcción Gabriela Mañueco Pfeiffer; el gerente de contratación Javier Gómez Pastor; el empresario y antiguo responsable de Trasagua, antecesora de Acuamed y encargada de construir el trasvase del Ebro, Nicolás Steegmann López-Doriga, y para el delegado en Valencia Pablo Martín Mira, a quien según el juez «se ascendió al cargo de Gerente Territorial del Júcar» por plegarse a las irregularidades investigadas.
En el auto, el juez Eloy Velasco refuerza su decisión de ordenar la prisión para los que identifica como el nucleo duro de la trama con el argumento de que existe un riesgo fundado de huida.
Además, fija prisión provisional aunque eludible con fianzas que van desde los 20.000 a los 50.000 euros para el resto de los acusados: Manuel Moreno, director de Pipeline; José Ramón González Fernández, director técnico de Altec, empresa cuyo consejero delegado es Nicolás Steegmann; Javier Delgado López, delegado de Acuamed en Alicante; David José Blanca Montero, de FCC;Santiago Farré, ingeniero de FCC; Miguel Roset Ramos, ingeniero en FCC; Justo Vicente Peregrini, director de Infraestructuras del grupo Acciona en España, y Miguel Jurado Fernández, presidente de FCC -Construcción.
Finalmente y tal como se informó por error, el ingeniero Sergio Grau, trabajador de la sede de Acuamed en Valencia no se encuentra entre los detenidos que ayer prestaron declaración ante el juez, que tiene previsto en los próximos días tomar declaración a otras 35 personas que acuden en calidad de «investigados».
Acusados de siete delitos
En su auto, el juez Eloy Velasco recoge la posición de la Fiscalía, que argumenta la existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación„ «por cuanto se toman resoluciones injustas y arbitrarias para vestir y casar los desarreglos en la contratación y ejecución»„, fraude a la administración pública, cohecho„ para urdir la trama los detenidos recibieron «dávidas, colocación de familiares en empresas privadas, el pago de viajes, hoteles, coches, etc.»„falsedad en documentos públicos, privados y mercantiles, alteración en la concurrencia de concursos públicos y, finalmente, un delito de «organización criminal».
El juez Velasco dice disponer de «una pluralidad de indicios acreditativos o motivos justificadores» como son «vigilancias , observaciones telefónicas y declaraciones testificales» entre otros.
