Más de 1.000 millones de euros de sobrecostes y 200 colegios menos. Un convenio irregular desde el principio y una gestión que ha supuesto una «estafa institucionalizada» que ha generado «el mayor expolio de recursos públicos» de la Generalitat Valenciana.

Una situación de «extrema gravedad» que ayer pusieron negro sobre blanco dos consellers, el de Educación (Vicent Marzà) y el de Hacienda (Vicent Soler) tras dar a conocer el informe definitivo de la Intervención de la Generalitat sobre Ciegsa, que supone, para el actual Consell, «la prueba de cómo el sector público crea una Conselleria de Educación de caja B para privatizar el servicio y crear una «red clientelar» mediante una «trama para robar el futuro a los niños dilapidando dinero público».

Eso sí, los dos consellers anunciaron que el Consell acudirá a la Fiscalía para que conozca el informe y actúe en consecuencia ya que «queremos que todo el dinero que ha desaparecido, que está dilapidado, sea devuelto». Ahora bien, será el juez quien decida quien es responsable «de esta estafa» porque «nosotros lo que conocemos es un informe de Intervención que no deja lugar a dudas sobre la trama de corrupción, así que ahora habrá que determinar quienes son los culpables para que devuelvan el dinero».

El proceso está viciado desde el principio, y así lo recalca el informe. «El convenio de colaboración entre la Conselleria y Ciegsa es irregular y no se tramitó conforme a ley». Además, no existía control alguno por parte de la Administración, se abusó de forma reiterada del procedimiento negociado y sin publicidad, e incluso se facturaron otro tipo de servicios no regulados en el convenio. Es más, la conselleria encargaba obras a Ciegsa sin la correspondiente reserva de crédito «incumpliendo así la normativa presupuestaria».

¿La consecuencia de encargar obras sin contar con una reserva presupuestaria? La respuesta la da la auditoría: «Entre los ejercicios 2001 y 2013, Ciegsa concertó operaciones de crédito por valor de 2.599,18 milloness, de los que 1.904 corresponden a préstamos y 694 a la contratación de pólizas de crédito». Ello ha supuesto un gasto acumulado para la sociedad de 393,33 millones. Pero, además, según reveló Marzà: «Había directivos que cobraban 84.500 euros, y trabajadores con 55.914 euros, más que un director general».

Principales irregularidades

La auditoría detalla también las incidencias más reseñables: licitación de varios colegios agrupados en lotes; licitación de las obras con proyectos básico y admisión de ofertas al alza, abuso en el recurso al procedimiento negociado sin publicidad, utilización de criterios de solvencia como criterios para valorar la adjudicación, alteración de las condiciones esenciales de la licitación, contrataciones irregulares de asistencias técnicas para supervisión de proyectos y contratación de obras bajo la modalidad de abono total al precio. Es decir, Ciegsa hacía lo que creía conveniente sin control alguno por parte de la Administración.

Pero ahí no acaba la cosa. El informe detalla que existe un mayor coste en las obras realizadas por Ciegsa, que la empresa en cuestión «resulta más cara por metro cuadrados», tal como publicó Levante-EMV, y que tras 14 años de gestión, el coste total para la Generalitat ha sido de 2.826 millones de euros, una cuantía que incluye la deuda asumida por la Generalitat respecto a la mercantil en noviembre de 2013 (1.734 millones) así como el saldo pendiente de deuda de la Generalitat a favor de Ciegsa (216 millones).

A todo ello se suma la «barra libre» para la instalación de barracones, que supusieron un coste de más de 92 millones de euros.