El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos— número tres en el departamento que dirige Soraya Sáenz de Santamaría—, participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una «compensación indebida» de 40 millones a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

Según informaron fuentes jurídicas, testigos exempleados de la empresa pública Acuamed, varios de ellos ingenieros, afirmaron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que esa reunión se celebró en el Ministerio de Agricultura y que a ella acudió Ramos.

Esta supuesta compensación se pactó dentro de un contrato concedido a la UTE formada por FCC y Abengoa, el de la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería.

Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40 % de su valor y que FCC pagara el 60 % (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran «responsabilidad de la Administración».

La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones. Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto «mediante compensaciones en otras obras. Esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas «irreales», según el juez.