El Ejecutivo que preside Ximo Puig sorteó ayer un obstáculo importante para cumplir con su anuncio de llevar ante los tribunales al Gobierno central para forzarle a mejorar el modelo de financiación autonómica. De momento, ya tiene el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC). El pleno del organismo, que preside Vicente Garrido, se reunió por la mañana para examinar jurídicamente el recurso elaborado por la Generalitat contra la ley de presupuestos del Estado de 2016 y, según ha podido saber este periódico, el dictamen del órgano estatutario ha sido positivo y sin ningún voto en contra.
Presidencia de la Generalitat, que lleva este asunto con discreción, no había informado públicamente de que había remitido el recurso al CJC. El trámite era obligatorio, ya que en caso de recursos al Tribunal Constitucional, es preceptivo consultar al organismo consultivo. Si el Jurídico hubiera vetado el recurso, habría supuesto un varapalo para el Ejecutivo de Puig, decidido a hacer bandera de este asunto. Aunque el informe no era vinculante, el ejecutivo habría tenido muy difícil seguir adelante sin el apoyo del CJC. Ir a los tribunales es, sobre todo, un gesto político, ya que además de que el Constitucional puede tardar años en pronunciarse, es muy complicado, dada la jurisprudencia existente, que acabe dando la razón al Consell.
Con el informe favorable, el siguiente paso lógico es formalizar el recurso. Aunque el presidente Ximo Puig ha anunciado en numerosas ocasiones que iría a los tribunales para denunciar el maltrato financiero, técnicamente había que explorar la vía jurídica adecuada para dar este paso. De ahí que encargó a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo un informe sobre las posibles vías. Finalmente, según las fuentes consultadas, el recurso contra la ley de presupuestos del Estado, la última del mandato de Mariano Rajoy, se dirige, en concreto, al reparto de los fondos del estado a las comunbidades autónomas. Una distribución que el Ejecutivo entiende que ha perjudicado a la Comunitat Valenciana que arrastra un déficit de financiación fruto del modelo actual.
Así pues, el Consell está cuestionando con su recurso la la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que sin embargo no puede recurrirse al tratarse de una norma que lleva en vigor varios años. Es por esto que el recurso se dirige a la ley de presupuestos a través de la cual se reparten los fondos con los que los territorios se financian. En concreto, el documento que presentará el ejecutivo de Ximo Puig se centra en los artículos 103, 104 y 105 de la ley, en los que se establecen los criterios para repartir los diferentes fondos y se delimita cómo se liquidan los recursos dels sistema de financiación, así como la participación en los fondos de convergencia y compensación interterritorial. El argumento jurídico sería pues que los cálculos están basados en un modelo que ha quedado desfasado y debería haberse revisado hace años. El Consell tratará de demostrar ante el Constitucional que la C. Valenciana sale perjudicada por no aplicarse correctamente el modelo actual de financiación y por no haberse revisado cuando tocaba
Prioridad en la agenda
El informe del Jurídico supone un espaldarazo para Puig, quien está empeñado en que el asunto de la financiación autonómica siga en la agenda política al margen de la incertidumbre abierta en España tras las elecciones del 20D. Como adelantó ayer este diario, de momento, el PSOE ha aceptado presentar en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para exigir al Gobierno en funciones o al que salga de las urnas que empiecen ya las negociaciones para cambiar el modelo de financiación. La propuesta fija como objetivo corregir las desigualdades financieras entre autonomías.
