22 de enero de 2016
22.01.2016
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Un recurso con muchos «noes» en el pasado

El alto tribunal ha tumbado sistemáticamente todas las denuncias de las autonomías para mejorar los fondos

21.01.2016 | 23:59

El presidente Puig tiene motivos para sentirse satisfecho ya que ha logrado pasar dos filtros importantes para hacer realidad su batalla jurídica. Al inicio de la legislatura tuvo que vencer las dudas de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, una jurista que, en un principio, no vio nada claro que hubiera base jurídica para pelear en los tribunales la infrafinanciación valenciana. Bravo acabó reconsiderando su postura y, tras semanas de reuniones y de dar vueltas al problema, acabó entregando a Puig el informe sobre el que la Abogacía de la Generalitat debía edificar su recurso.

Puig lo tenía más complicado ca la hora de conseguir el aval del Consell Jurídic Consultiu. Y no tanto por una cuestión de afinidades políticas o ideológicas con sus miembros. La doctrina del Tribunal Constitucional (TC) no invita precisamente a pensar que el recurso tenga recorrido, ya que, el Tribunal Constitucional, ha tumbado, uno tras otro, todos los recursos que han presentado las distintas comunidades autónomas para conseguir en vía judicial lo que la política les negaba.

Y es que a lo largo de los últimos veinte años al menos una treintena de recursos relacionados con el reparto de los recursos del Estado (ya sea financiación, fondos de suficiencia o inversiones) han sido desestimados por el alto tribunal, que entiende que las comunidades no tienen derecho a una determinada financiación sino que esta debe distribuirse con criterios de solidaridad y teniendo en cuenta el interés general. Tampoco dio la razón a Andalucía que en ya tiene en su Estatuto la conocida como cláusula inversora: «No existe un derecho de las comunidades Autónomas constitucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación, sino un derecho a que la suma global de los recursos (...) se reparta entre ellas respetando los principios de solidaridad y coordinación», dijo en una sentencia de 2007.

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