La Comisión Europea ha pedido explicaciones al Gobierno español por la investigación abierta por la Audiencia Nacional contra Acuamed por posibles adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona.
La petición se ha dirigido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a quien el Ejecutivo comunitario considera responsable de «tomar todas las medidas apropiadas» para evitar el uso indebido de fondos comunitarios. Los servicios de la Comisión informarán a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para que considere la posibilidad de abrir una investigación.
Bruselas ha apuntado además que el departamento de Montoro ha confirmado su decisión de suspender cualquier pago de la sociedad y ha mostrado su compromiso a emprender las acciones necesarias para evitar el uso indebido de fondos de la UE «una vez que los proyectos implicados y las prácticas alegadas sean clarificadas».
