«Apagar luces, sistemas informáticos y otr0s aparatos que no estén en uso o, previsiblemente, no vayan a utilizarse». Es lo que suscribe el subsecretario de la Conselleria de Educación, Josep Joan Vidal, en unas instrucciones remitidas a todos los institutos de Secundaria de la Comunitat Valenciana para que extremen las medidas de ahorro.
El objetivo: que dicho ahorro «revertirá» en la «mejora del servicio público». Un instituto de tamaño medio gasta 8.000 euros al año en luz, otros tantos en agua, y alredededor de 4.000 euros en gas.
La asfixia económica del Consell es tal que incluso se insta a hacer las fotocopias a doble cara y, en el caso de que no sea posible, que «se configuren las impresoras que tienen los centros para que «dispongan de esta función».
Los directores de Secundaria consultados por este diario coinciden en que «de modo responsable» llevan a cabo estas medidas de forma «generalizada», por lo que consideran que no hacía falta esta especie de «tirón de orejas», que es como perciben este requerimiento por el ahorro.
«Siempre lo hacemos, pero además el conserje, antes de irse, repasa las luces y aseos de todo el centro para que no se quede alguna cisterna enganchada», sostiene uno de los portavoces del colectivo.
Autonomía financiera
En lo que sí han ganado estos mismos centros educativos es en cuestión de autonomía financiera. Tienen la posibilidad de cambiar de empresa eléctrica, por ejemplo, con ese mismo propósito de abaratar costes, aunque los directores se quejan de que lo que tarda en llegar en estos casos es «la autorización final de la conselleria, que es necesaria».
La práctica más habitual, no obstante, consiste en mejorar las condiciones con la firma con la que ya tienen contratado el suministro eléctrico, con el compromiso de no cambiar a otra pero logrando un ahorro económico en la factura.
También coindicen en subrayar la singular mejora que ha supuesto el pago puntual de los gastos de funcionamiento por parte de la conselleria, que tan solo les adeuda un mes y que, por otra parte, ha permitido ampliar las inversiones, de forma que cada instituto mejore según sus posibilidades el banco de ordenadores del que dispone, o bien invierta en otros medios tecnológicos.
