El 7 de julio de 2006, cuando la parte de la sociedad valenciana que no se había contagiado del entusiasmo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia aún guardaba en su retina las imagenes del peor accidente de metro que se recuerda, este periódico recogía la denuncia de los sindicatos de FGV -UGT, CC OO, SIF y SF, que señalaban que una baliza de frenado, un sistema que tenía un coste de unos 3.500 euros, podría haber evitado el fatídico accidente. Solo habían pasado cuatro días desde el siniestro en el subsuelo.
Esta información toma cierta relevancia ahora, después de que, quien entonces ocupaba el cargo de Director General de Transportes, Vicente Dómine, haya reconocido, en su comparecencia en la nueva comisión que se celebra en las Corts para investigar el siniestro, que este elemento, efectivamente, «habría aumentado la probabilidad de que no se produjera el accidente». Sorprendió que, después de casi una década, alguien se saliera del carril marcado por la Generalitat del PP entonces (el de decir que fue un accidente inevitable e imprevisible», aunque rápidamente matizó que «la seguridad completa y total no existe».
En aquella información, este periódico apuntaba que los sindicatos, en una reunión que se celebró tras el choque que un metro de la línea 1 había sufrido en Picanya con 35 heridos, ya dieron a conocer a la dirección los «puntos negros» que habían detectado en ese túnel.
En concreto, pidieron que se instalaran balizas de frenado en «el túnel desde Empalme hasta Sant Isidre», al detectar que el único sistema de seguridad que existía eran señales que limitaban la velocidad a 40 kilómetros por hora.
Desde la Generalitat respondieron a los ferroviarios que los mecanismos de seguridad de la línea 1 «eran suficientes». Pese a ello, sí que instalaron una baliza antes de la curva de Picanya. Además, miembros del Consell de entonces negaron que los sindicatos pusieran en duda la seguridad de los túneles en los que se produjo el fatal accidente.
