La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, aseguró ayer que si hay «una línea roja» que el nuevo gobierno que se forme en España «no debe sobrepasar» es «ignorar la demanda de una financiación justa» para la Comunitat Valenciana y asumir «compromisos» para buscar una solución que incluiría lo que la consellera denominó la «deuda histórica». «El Consell „dijo la consellera„ no contempla otra opción: no hay plan B, solo hay un plan A»
En un desayuno informativo convocado por el «Forum Europa», Maria José Salvador insistió en la idea de un Consell «con nuevas prioridades, nuevos objetivos y una nueva hoya de ruta» aunque obligada a asumir una situación «en la que casi no queda papel ni teclas para escribir».
Maria José Salvador recordó que el Ministerio de Fomento tan solo ha licitado un 4,85% de su presupuesto en la Comunitat Valenciana. Habló de «marginación» y sostuvo que no solo es tiempo de que el nuevo gobierno «asuma el déficit inversor» sino que afronte también una «deuda histórica» con los valencianos.
La consellera recordó que el presupuesto de su departamento está «hipotecado al 80% hasta el año 2020» por el uso indiscriminado del denominado «método alemán» que hizo la anterior administración del Partido Popular, una cuestion «clave» que condiciona a la hora de asumir nuevos compromisos.
«Nuevos retos»
La consellera insistió en su compromiso de gobernar «para las personas», a las que situó como «principal activo» de la nueva economía y asumió nuevos retos que resumió en «revertir derechos en materia de vivienda; audacia y trabajo para modelar un territorio sostenible y mejorar la conectividad y mobilidad de las personas».
Salvador destacó la «reparación moral debida» a las víctimas del metro, diez años después del accidente, y el pago de las ayudas a la vivienda, casi 240 millones que desde 2009 no se pagaban, «con más de 50.000 personas afectadas, atrapadas en su vivienda de VPO». Sobre los desahucios, Salvador demandó una ley estatal de «segunda oportunidad» y destacó la elaboración de una ley autonómica de la Función Social de la Vivienda que la reconozca como un derecho subjetivo.
Garantizar el derecho a una vivienda digna incluye, según afirmó, la recuperación en el primer semestre de 2016 de 250 de los 700 alojamientos públicos cuyo deterioro impide su uso.
La consellera defendió un nuevo modelo productivo del que forman parte la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana de la ciudades . «Tenemos 1,2 millones de viviendas que requiere eficiencia energética y 500.000 con tres pisos sin ascenso», puso como ejemplo de actuaciones que pueden reactivar sectores productivos como la construcción. Anunció también la revisión de las concesiones de transporte interurbano de pasajeros al estar el 80 % caducadas.
El acto, que congregó a numerosos empresarios, fue seguido también por el presidente de las Corts, Enric Morera, el conseller de Transparencia Manuel Alcaraz, el de Economía Rafael Climent, el de Hacienda Vicent Soler y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, entre otros.
