27 de enero de 2016
27.01.2016
Los implicados en la macrocausa judicial

Rus, su cúpula y el entorno de Barberá caen en la redada por financiación del PP y mordidas

La operación contra la trama de amaño de contratos y saqueo de fondos se salda con 24 detenidos, entre ellos Medina, Caturla o David Serra y 33 registros, en el Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa, el Olímpic, empresas de Rus o la firma Engloba - La Justicia estrecha el cerco sobre Gerardo Camps y la exalcaldesa, ambos aforados

27.01.2016 | 10:36
Rus, su cúpula y el entorno de Barberá caen en la redada por financiación del PP y mordidas

Ha tenido más intensidad la primera réplica que el terremoto. El seísmo original agrietó los cimientos del PP provincial y la diputación antes de las autonómicas y enterró políticamente a Alfonso Rus. Tras veinte meses de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil sobre la trama de comisiones en contratos públicos adjudicados por administraciones del PP, se desplegó ayer la Operación Taula, que se saldó con la detención de Rus, de sus vicepresidentes primero y segundo en la diputación (Juan José Medina y Máximo Caturla), de su mano derecha Emilio Llopis, así como del ex vicesecretario general del PP, David Serra, y empresarios como José Adolfo Vedri, del Grupo Engloba Comunicación. Medina -sustituto de Rus cuando éste se apartó de la diputación- y Llopis son actualmente asesores en la diputación.

Entre los políticos detenidos también figura la exconcejal de Valencia María José Alcón, así como su asesor Pedro Aracil o su exmarido Vicente Burgos. Éste dirigía la Fundación Jaume II El Just, donde recaló Benavent antes de aterrizar en la diputación y tras su paso por el Ayuntamiento de Xàtiva.También ha sido imputado el mediático asesor del PP local Luis Salom. Entre la piezas de mayor peso político que ayer cayó está Mari Carmen García Fuster „el álter ego de Rita Barberá y secretaria del grupo municipal„ mientras que el actual portavoz, Alfonso Novo, está imputado. El cerco judicial acecha a la exalcaldesa y al exvicepresidente del Consell Gerardo Camps. Ambos son aforados, en tanto que senadora y diputado, por lo que la causa saltaría al Supremo. Motivo por el que, según fuentes de la investigación, ahora no habrían sido llamados a declarar.

33 registros, tres provincias. En total se practicaron 24 detenciones, 33 registros, catorce en domicilios particulares (como los de Rus, en Xàtiva, y Llopis, en Genovés), y 19 en sedes de empresas e instituciones „como Ciegsa, el Ayuntamiento de Valencia o la Fundación Jaume II El Just„ y privadas, caso de la citada Engloba. Doce registros se acometieron en la capital y 17 en la provincia de Valencia. El despliegue contempló sendas visitas a empresas de Alicante, Dénia y Muro d'Alcoi y Castelló. Tal como adelantó Levante-EMV el domingo cuando contó que las detenciones y registros eran inminentes, la colaboración del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, que está imputado pero no fue detenido, ha sido decisiva para que la Fiscalía haya ido encajando las piezas del mapa de la presunta malversación de fondos, el blanqueo de capitales o la financiación ilegal del PP, con una potente ramificación internacional en países como Brasil.

Las casi diez horas de grabaciones realizadas por Benavent e incorporadas por la diputada provincial de EU, Rosa Pérez, en la denuncia que presentó en la Fiscalía en julio de 2014, han permitido tirar de varios hilos. Desde los contratos del Ayuntamiento de Valencia en la Mostra de Cine, la gestión del centro cultural la Rambleta, la limpieza de las Torres de Quart o la peatonalización del puente de Serranos hasta las presuntas mordidas en las adjudicaciones de viviendas de VPO, la gestión de PAI „caso de l'Alfàs del Pi„ o la mediación en la compraventa de una residencia.

El corazón de las finanzas. El contenido de las cintas apunta al desvío de una parte de los fondos al partido. La operación de ayer se desplegó tras cerrar el círculo de la investigación sobre la médula de la presunta financiación ilegal del PP, donde la empresa Engloba Comunicación tendría un papel destacado como supuesta lavadora y blanqueadora de fondos. David Serra está también investigado en las dos piezas del caso Gürtel en las que se dirime un presunto delito electoral (en los comicios de 2007 y 2008) mediante la inyección de fondos al partido por parte de constructoras como Sedesa, Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz u Hormigones Martínez y otras firmas del Grupo Cívica. En las grabaciones, Gerardo Camps es citado por Benavent y Caturla en conversaciones sobre supuestas mordidas en obra pública.

Césped, leds y facturas falsas. Las derivaciones surgidas a partir del contenido de las cintas (en las que Rus, Benavent, Llopis o Alcón hablan de pago de comisiones al PP porque «Alfonso lo quiere así») se suman a los hilos de investigación sobre grandes contratos como el plan estrella de Rus, que contemplaba 33 millones para instalación de césped artificial en campos de fútbol, construcción de pistas de pádel y piscinas subvencionadas en los municipios. Unos contratos que beneficiaron a Hermanos Doménech y Benigrass, del empresario Vicente Cuquerella, amigo de Rus y propietario también de parte de la sede central del PP en la calle Quart. La escandalosa compra de luces led a la firma Inelcom de Xàtiva también forma parte de esta macrocausa que arrancó con siete piezas y ha ido ramificándose.

Entre los detenidos se encuentra también el exarquitecto en Imelsa Joan Vergara. Empresas de arquitectura y consultoría cobraron varias veces el mismo proyecto en el marco de ese plan de infraestructuras deportivas o recibieron pagos por servicios no prestados, fórmula que habría servido para catalizar el expolio de fondos. La dirección de obra de piscinas en Canals o Enguera, campos de fútbol de Miramar, Benirredrà, Beniarjó o pistas de pádel en la Pobla de Farnals, Massanassa y Villanueva de Castellón, son escenarios de esta práctica presuntamente ilegal.La firma Hermanos Doménech, de Muro d'Alcoi, fue una de las registradas ayer.

La colaboración de Imelsa. La empresa pública Imelsa no recibió la visita de los guardias civiles de la UCO por un triple motivo. Ya se habían personado en la sede de la sociedad en diversas ocasiones para verificar las copias de los discos duros que Benavent se llevó en su huida y luego aportó al juez cuando regresó al mundo de los vivos. En segundo lugar, porque los nuevos gestores de la empresa pública han colaborado al máximo con el juez y la Fiscalía a la hora de remitir toda la documentación que se les ha requerido. Y por último, porque los cargos intermedios supuestamente salpicados por esta presunta corrupción fueron despedidos por los nuevos gerentes nombrados por gobierno de Jorge Rodríguez.

Es el caso precisamente del arquitecto Joan Vergara o del jefe de evaluación y planificación, Salvador Deusa, quien también fue detenido ayer. Se esperan más arrestos entre cargos intermedios de la diputación que habrían participado en el supuesto amaño de grandes contratos.

En el golpe policial y judicial de se bloquearon 252 cuentas bancarias y se intervinieron 150 coches de alta gama y 148 propiedades.

Varios epicentros. La operación policial y judicial desplegada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia tuvo, como la causa en sí, varios epicentros. Geográficos y temáticos.

Desde los contratos de Xàtiva de la era Rus a Jaime Úbeda, también detenido, hasta las adjudicaciones millonarias de la diputación presuntamente amañadas o las del Ayuntamiento de Valencia. Úbeda, junto al investigado pero no detenido José Estarlich, están considerados supuestos testaferros de Benavent, a quien habrían ayudado a montar el entramado empresarial para el saqueo de fondos públicos. Ommega Mmoe, Excavaciones Jemar, Carlady o Thematica Events son algunas de las firmas usadas para justificar el expolio a través de contratos directos o de facturas por servicios no prestados pagadas a Berceo Mantenimientos, montada por el exgerente de Imelsa. Unos cuatro millones habrían sido saqueados sólo por esta vía.

Contratos provinciales. El exdirectivo de Imelsa Salvador Deusa, detenido, participó muy activamente en la adjudicación del contrato de gestión informática de la recaudación tributaria, que fue otorgado a T-Systems por 2,7 millones.

Fiscalía Anticorrupción tiene pruebas por escrito del plan para amañar esa concesión. Deusa pretendía reunir a los miembros de la mesa de contratación con la intención de que sus objetivos «se alinearan con los del presidente [Rus]». Del órgano de contratación formaban parte el jefe de servicio de gestión tributaria, Ricardo Ángel, o el de gestión informática, José Benedito.

Los contratos millonarios de la diputación en materia catastral, tributaria e informática están en tela de juicio. Entre ellos, el de Estudis i Serveis Cadastrals por 846.800 euros o el Call Center tributario que fue a parar a Servimun, vinculada al exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, también detenido ayer.

La investigación también alcanza las presuntas contrataciones laborales irregulares en Imelsa y ayuntamientos, algunos gobernados por la izquierda.

La trama internacional. Éste no es el caso Imelsa, ni el caso diputación, ni siquiera el caso Rus. Y va más allá de la Costera, Valencia y la Comunitat Valenciana para alcanzar un entramado internacional que habría servido para canalizar la salida de fondos y el blanqueo de capitales. Decenas de empresas controladas en parte por Alfonso Rus, la principal Fabricación y Distribución del Mueble SL, emparentan con inmobiliarias situadas en Brasil, que habrían servido para canalizar una parte del desvío de fondos. La matriz, Geneva Patrimonial, posee el 20% de la mercantil de Rus y ésta, a su vez, el 99,9% de la sociedad carioca. El administrador de esta firma con sede en Salvador de Bahía es Sandro Correira y su representante en España, Ramón Lis.

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