El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus acaba de declarar tras quedar en libertad que "todo ha sido un montaje". Rus, con cara de cansancio y medio afónico, asegura que demostrará su inocencia cuando toque y que dará todos los detalles del presunto "montaje" cuando conozca los pormenores de los delitos de los que se le acusa.
El expresidente provincial explicó que se ha negado a declarar ante el juez porque desconoce la información recabar por la fiscalía anticorrupción en los últimos meses, pero que cuando tenga acceso a la causa dará la explicaciones pertinentes que demuestren su inocencia.
Los periodistas han interrogado a Rus sobre quién o quienes serían los autores del citado montaje al que él alude, pero el exdirigente popular ha rechado dar más detalles al respecto. Preguntado por las grabaciones en las que se le oye contar dinero junto al exgente de Imelsa Marcos Benavent, volvió a negar que fuera él el interlocutor en esa grabación y aseguró en tono jocoso que si fue Benavent el que denunció los hechos no entiende por qué no se le ha bautizado el caso Benavent en vez de el caso Rus, pues era "su delfín", le interrogó un periodista, a lo que Rus le respondió sin perder el humor: "menos mal que era un delfín y no un león".
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 18 ha acordado libertad provisional para Alfonso Rus (expresidente de la Diputación de Valencia), Juan José Medina (exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada), Emilio Llopis (exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de Rus) y Máximo Caturla (exvicepresidente de la Diputación).
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 no aprecia riesgo fuga ni de destrucción de pruebas en los cuarto exaltos cargos arrestados por el presunto amaño de contratos. El magistrado sólo ha acordado la medida cautelar para los cuatro de comparecer cada 15 días en el juzgado. El magistrado fija fianzas de dos millones para Alfonso Rus y Máximo Caturla y un millón de euros para Juan José Medina y Emilio Llopis. Todas las fianzas son para garantizar la responsabilidad civil en caso de una eventual condena.
El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus se ha acogido a su derecho de no declarar. De los 24 detenidos en la operación por amaño de contratos en Comunidad Valenciana, 22 se han acogido a su derecho a no declarar
El fiscal anticorrupción de la operación Taula había solicitado el ingreso en prisión de los cuatro exdirigentes populares, al igual que hizo con la exsecretaria del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster. En el caso de la asesora municipal, el magistrado rechazó la petición del ministerio público y la dejó en libertad.
Según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez ha acordado libertad provisional para un técnico de la Diputación de Valencia y para cinco empresarios.
El juez ha fijado fianzas de responsabilidad civil que oscilan entre los 200.000 y un millón de euros para el citado técnico de la Diputación y para cuatro de los empresarios que fueron detenidos, mientras que el quinto empresario queda en libertad provisional y sin fianza de responsabilidad civil.
El TSJCV recuerda que las fianzas impuestas no son para eludir la prisión sino para garantizar el pago de responsabilidad civil en caso de condena.
Libertad provisional para 14 detenidos
Los 14 detenidos en el marco de la "Operación Taula" que entre ayer y la pasada madrugada declararon ante el juez que instruye el caso, han quedado en libertad provisional, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). A cinco de los acusados, se les ha impuesto el pago de una fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera condenados, que suman un total de 965.000 euros.
Entre los arrestados que pasaron anoche a disposición del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia se encontraban los seis empresarios detenidos por la Guardia Civil por su presunta vinculación al llamado "caso Imelsa". Todos ellos se encuentran ya en libertad.
En el caso de María del Carmen García Fuster, el magistrado ha decretado su puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.
El detenido al que se ha impuesto una fianza mayor es a Mariano López, empresario y exsuegro de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa, que deberá pagar 500.000 euros para garantizar la responsabilidad civil, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Para el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, la exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Carmen García Fuster y la exconcejal de Cultura del Consistorio María José Alcón, el juez ha establecido una fianza de 150.000 euros para cada uno.
Al exsecretario autonómico de Deportes David Serra ha impuesto una fianza de 15.000 euros para garantizar la responsabilidad civil.
