29 de enero de 2016
29.01.2016

Aerte duda de la última adjudicación de seis residencias

La patronal pide «claridad y transparencia» a la conselleria por «perpetuar» el modelo del PP

28.01.2016 | 23:12

La sentencia del TSJ sobre la adjudicación de plazas de dependientes se daba a conocer ayer, precisamente en el día en que Aerte ponía en tela de juicio la última decisión de la Conselleria de Igualdad sobre qué empresas debían gestionar hasta seis residencias y centros de día públicos de la Comunitat Valenciana. La conselleria ha resuelto otorgar la gestión de las residencias de mayores de Vila-real, el Pinar de Castelló, l'Alcudia, Puçol, Moncada y Palacio de Raga a la empresa Geroresidencias pese a que, como denuncian desde Aerte, la oferta realizada por la firma se había considerado en primera instancia como «baja temeraria».

El presidente de la patronal, José María Toro, criticó ayer que la decisión de Mónica Oltra «perpetuaba» el modelo de gestión que se había extendido bajo el gobierno del Partido Popular y que solo primaba la cuestión económica en las gestoras, muy lejos de la cuestión social que predicaba la líder de Compromís.

De hecho, la empresa se ha hecho con la gestión de estos centros (las resoluciones oficiales están todavía pendientes de publicarse) pese a que los presupuestos de licitación presentados rondaban una baja global del 18 o el 18,90 % en algunos casos que crecía exponencialmente al referirse a los recursos que se iban a destinar ya que la cifra para personal es inamovible.

De hecho, las adjudicaciones estaban pendientes, en algunos casos desde mediados de 2015 –en el caso de Vila-real desde noviembre de 2014– en parte porque desde los servicios de contratación se había solicitado a la empresa el justificar la proposición económica presentada ya que «puede ser desproporcionada o anormal».

La firma presentó en su día las alegaciones que, a la vista de la resolución de los contratos han sido aceptadas. «Hemos pedido claridad y transparencia y ver los informes y qué justificación se ha dado para avalar los acuerdos», abundó Toro. Fuentes de la Conselleria de Igualdad justificaron ayer que los técnicos solo habían aplicado «la ley» y que, en este sentido, y hasta que no puedan cambiar los criterios que se toman en consideración estaban atados a la norma que el PP «dejó atada y bien atada».

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