Tras no lograr reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y «una vez agotadas todas las vías de diálogo» con Madrid para abordar el problema de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, acompañado por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, cumplió su amenaza de recurrir los Presupuestos Generales del Estado de 2016 y formalizó ante el Tribunal Constitucional (TC) la presentación del recurso de inconstitucionalidad por «discriminación a los cinco millones de españoles, los valencianos», al no cambiar el Gobierno central del PP el modelo, que impide al Consell la prestación de los servicios básicos en sanidad, educación o servicios sociales, entre otros.
El objetivo de este recurso, según explicó Puig a su salida del TC, pretende «rescatar una parte de lo que lo les pertenece a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana» debido a una Ley, la de presupuestos del Estado, que sitúa los servicios públicos de forma desigual entre unas comunidades y otras, ya que el Fondo de Suficiencia Global «no desarrolla uno de sus objetivos: el equilibrio entre los ciudadanos de España», según dijo el jefe del Consell. Por ello advirtió de que existe una «situación de asimetría financiera en la realización de los mismos servicios públicos entre las diferentes autonomías de España», que, en algunos casos, duplican y triplican, la percepción de unos ingresos u otros respecto a la C. Valenciana.
En segundo lugar, Puig denunció que, «durante tres años, se ha incumplido de una manera arbitraria la renovación de la financiación autonómica», cuyo modelo abarcaba el periodo 2009-2013 y se ha prolongado hasta la actualidad, «no adaptándolo a las nuevas circunstancias». A su salida del Tribunal Constitucional, el President Puig, reiteró que no le ha quedado más remedio que acudir al TC ante la negativa de Rajoy y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de reunirse para que «cambiaran su posición».
En primer lugar, el recurso argumenta que el Fondo de Suficiencia Global incumple con su objetivo para el «desarrollo de las competencias propias de la Comunitat, ni siquiera de los servicios públicos fundamentales», con lo que se produce una «vulneración» de los artículos 31.2, 157 y 158 de la Constitución, entre otros. Cabe recordar en este sentido que la Carta Magna, en su artículo 158, prevé la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, que, en el caso de la Comunitat Valenciana, no podrá cumplirse con la financiación aportada por el Estado.
Así, la Comunitat Valenciana debe ingresar al Estado 1.329 millones en concepto de Fondo de Suficiencia negativo, pero el Consell reclama que el Constitucional anule esa cuantía y que «la transferencia de ingresos efectivos a la misma se incremente en ese mismo importe, al no descontarse dicha aportación de las entregas a cuenta previstas», expuso la Generalitat en un comunicado, pues el criterio de cálculo «perjudicó y perjudica a la C. Valenciana, ya que le obliga en 2016 incluso a devolver unos ingresos que necesita para financiar su menor nivel de gasto por habitante».
El PP critica el «victimismo»
Por su parte, el PP, a través de su portavoz de Economía en Les Corts, Rubén Ibáñez, criticó que el president Puig, haya recurrido los Presupuestos Generales del Estado, lo que considera «una acción victimista que no tiene en cuenta a los valencianos sino a intereses partidistas». El síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, le contestó que «hoy -por ayer- más que nunca Puig ha defendido los derechos de todos los valencianos».
