La adjudicación «irregular» de plazas concertadas de accesibilidad social en residencias de mayores que la Generalitat ha venido realizando en los últimos 10 años ha dejado por el camino hasta una decena de empresas del sector, ya sea por haber tenido que cerrar, estar en concurso de acreedores o haber tenido que transformarse.
Es el cálculo somero que ayer realizaban desde la patronal del sector Aerte, que reclama desde hace tiempo poner orden en el sector ante la sospecha, ahora confirmada por una sentencia del TSJ, que una interpretación viciada del contrato que suscribió en su día el exconseller Blasco con un grupo de empresas estaba provocando la concentración de las plazas concertadas para estas firmas dejando al resto fuera del negocio.
Entre ellas, y como se encargó ayer de recordar la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad están empresas «amigas» de las anteriores dirigentes del PP y una de ella, Sedesa que participa en el grupo Savia, vinculada a «familiares de Cotino», en concreto su sobrino.
El fallo del TSJ, que se dio a conocer el jueves, reconocía que la interpretación que se aplicaba del primer contrato era «contraria a derecho» y, por lo tanto, las adjudicaciones de plazas que se han venido realizando hasta ahora, hasta 2.000, son irregulares.
La solución tras conocerse el fallo no es fácil ya que, según explicó Oltra a los mayores que ya tienen su plaza «no se les puede sacar, no van ellos a pagar el pato», aseguró, pero desde Aerte sí se exige a la administración que se empiece a aplicar «desde ya» el fallo judicial y no se resuelva ninguna otra ampliación de plazas sin un concurso de todas las empresas en libre concurrencia.
Oltra no especificó tiempos de aplicación pero avanzó que estaban trabajando en cómo sacar en libre concurrencia y en condiciones de «igualdad» las próximas adjudicaciones y en garantizar el interés de las personas mayores ya que hasta ahora y con el modelo Blasco-Cotino «no se pensaba en los usuarios sino en los intereses empresariales de las empresas amigas».
En este sentido avanzó que trabajan en una normativa en la que ninguna empresa pueda tener «tanta cuota de adjudicación para que se convierta en una empresa sistémica. Quien debe tener el control del sector es la conselleria». Ahora bien, la Generalitat debía mantener la ocupación del primer tercio de las plazas pactadas, tal como reza el contrato «y ahí estamos atados».
La propuesta del sector
Mientras en la conselleria trabajan, desde la patronal Aerte tienen trazado un plan desde hace tiempo para que esta igualdad de condiciones sea «real». Su director general, José María Toro, incidía ayer en que la igualdad no solo llegará eliminando los procedimientos negociados sin publicidad sino dándole la vuelta al sistema para que el dependiente sea el que realmente decida dónde quiera ir «en igualdad de condiciones y no como ahora».
Toro resaltó que, hoy por hoy, las resoluciones para optar a una ayuda de prestaciones vinculadas al servicio (PVS) para optar por una plaza en una residencia no concertada «están tardando del orden de dos a tres años mientras en uno te resuelven la adjudicación en una de las plazas concertadas».
De igual manera, la patronal tampoco ve igualdad en el precio de cada una de las plazas. «La Generalitat aporte mayor subvención a las concertadas que a las PVS por lo que el esfuerzo que tienen que hacer los mayores si, por ejemplo, quieren quedarse cerca de su casa aunque la residencia no sea concertada, es mayor. Seguimos pidiendo igualdad y transparencia».
