30 de enero de 2016
30.01.2016
La presunta financiación del PP municipal

La Guardia Civil confirma los cargos y da el golpe definitivo al PP valenciano

Alrededor de treinta personas que copan el grupo municipal y el PP de Valencia declaran ante la UCO y salen «investigados» a la espera de declarar ante el juez - Los afectados reiteran su inocencia y aseguran tener demostrado que sus acusaciones no tienen nada que ver con Imelsa

30.01.2016 | 04:15
Mª Àngels Ramon-Llin rodeada de periodistas a su llegada a la Comandancia de Patraix.

Largo desfile de concejales y asesores, breve interrogatorio ante la Guardia Civil y como conclusión, la imputación de toda la cúpula política y orgánica del PP de Valencia, lo que en la práctica supone reventar el partido en la capital y hacerlo por la vía más sensible de cara a la opinión pública, que es la corrupción.

Nadie podía imaginar hace tan sólo cuatro días, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo o citó a declarar como «investigados» a cuatro miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia (Alfonso Novo, presidente del PP y portavoz del grupo, investigado; María Carmen García Fuster, secretaria del grupo, detenida; Luis Salom, asesor, investigado: y María José Pi, administrativa, investigada) que eso sería el inicio del desmantelamiento del PP en la capital.

Su baja en el partido abocaba a una transición encabezada seguramente por una gestora, pero la sorpresiva citación como «investigados» de toda la cúpula del PP, tanto concejales como asesores (cincuenta personas), y la confirmación de esa responsabilidad tras su declaración ante la Guardia Civil, ha sido un golpe definitivo al partido en la capital.

Uno tras otro, los citados por la UCO fueron desfilando por la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix. Los primeros fueron los concejales Félix Crespo, Cristóbal Grau y Alberto Mendoza, que llegaron juntos a eso de las nueve menos veinte de la mañana. Y luego le siguieron Vicente Igual, Lourdes Bernal, Beatriz Simón, Ana Albert, Silvestre Senent, Mª Àngels Ramón Llin, Francisco Lledó, Vicente Aleixandre y María Jesús Puchalt, todos concejales o exconcejales que iban en la lista de las últimas elecciones municipales.

No acudió, sin embargo, el edil popular Eusebio Monzó, que es independiente y fue incluido en el número 4 de la lista muy a última hora.
Intercalados entre estos concejales, pasaron también numerosos asesores, como Carlos Andrés, Dolores Cubells, Julio Aguado, Manolo Mas, Cristina Montalbán, Alejandro Fernández, Cristina Diego, Vanesa Arnal, Concha López y un largo etcétera. En total, más de treinta personas que cobraban del partido y que, como suponen los investigadores de la Guardia Civil, pusieron mil euros para la última campaña electoral del PP y luego les fue devuelto presuntamente en dinero negro procedente de comisiones ilegales.

Precisamente, esa donación fue el eje de los interrogatorios y mayoritariamente admitieron que habían puesto esos 1.000 euros, pero también unánimemente aseguraron que no les habían devuelto nada ni tenían conocimiento de que nadie lo hubiera hecho, extremo que constituiría un delito de blanqueo de capitales.

Sólo cuatro de ellos, que se negaron a participar en esta operación, han certificado estos cobros ilegales y de hecho ayer acudieron a declarar y salieron de Patraix simplemente como testigos, tal como declaró Nuria Diego.

Criterio fijo
Al final, el criterio inicial de la Guardia Civil se impuso y todos los citados salieron de la Comandancia de Patraix con esa calificación de investigados. Sobre la causa pesa, además, el secreto sumarial, por lo que ninguno quiso hacer valoraciones al término de su comparecencia.

Sólo alguno de ellos, entre una enorme nube de cámaras y periodistas, dijo alguna frase mientras buscaba un taxi o un coche para abandonar tan incómodo escenario, al que se sumó algún vecino para gritar desde las ventanas «lladres, corruptos, sinvergüenzas».

Beatriz Simón fue la primera en confirmar que «salimos como entramos», y Silvestre Senent quien con más tranquilidad negó los hechos: «En mi época de concejal nunca supe que se amañara nada». También Mª Àngels Ramon Llin aseguró que «quien debe preocuparse es quien haya hecho algo malo». Y para tapar ese vacío informativo, finalmente el Grupo Municipal Popular hizo un comunicando dando su opinión al respecto. «A pesar de la dificultades, tenemos el pleno convencimiento de que no hemos cometido jamás ningún acto ilícito, toda vez que siempre hemos actuado con total y absoluta honradez y honorabilidad», asegura el grupo, que se pone a disposición de la Justicia y del Estado de Derecho.

Niegan la relación con Imelsa
Respecto a las acusaciones, aseguran que tras su declaración «ha quedado demostrado que no se nos está acusando del cobro de comisiones y de adjudicaciones fraudulentas de contratos», por lo que «quieren dejar bien claro que no existe ningún tipo de relación o conexión con los hechos por los que se mantiene una investigación abierta relacionada con la empresa Imelsa, tratándose de supuestos absolutamente distintos».

Pare terminar, aseguran que el grupo «defenderá su honorabilidad e integridad hasta el final de este procedimiento y no permitirá juicios paralelos ni condenas previas».

Ahora, la próxima parada es el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que ordenó las actuaciones de la operación «Taula». Todo parece indicar que esas declaraciones se producirán a partir del 8 de febrero y será entonces cuando el juez diga si efectivamente siguen «investigados» y quedan libres de cargos.

De eso dependerá también que lo que ahora es la explosión del partido revierta algo o se confirme en toda su crudeza.

El error del aforado Domínguez y el futuro de la exalcaldesa Barberá
La sorpresa en el día de ayer fue ver acudir al juzgado al exconcejal del PP Miguel Domínguez. Él mismo confesó que había entregado esos mil euros al partido para las últimas elecciones y por eso estaba en la lista de la Guardia Civil, pero en la actualidad es diputado en las Corts Valencianes y por tanto es aforado. En consecuencia, su presencia formó cierto revuelo, porque si la Guardia Civil puede citar a personas con este privilegio, se abre la posibilidad de citar también a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que es aforada también por su condición de senadora.

Al final, todo fue un error. Nada más llegar, la Guardia Civil conoció el aforamiento de Miguel Domínguez y lo mandó a su casa con la apostilla, según confesó el mismo a los periodistas, de «ya le llamaremos otro día». Y claro, eso también dio que hablar, pues cabe la posibilidad de que la Guardia Civil pida el suplicatorio para Domínguez y que también lo haga para Rita Barberá, incógnita que sigue sin despejarse hasta que haya un pronunciamiento judicial.

Por lo demás, el exconcejal admitió haber entregado dinero al partido para la última campaña. «Yo ayudo a todo el mundo „dijo, a las ONG que me lo piden y lógicamente a mi partido», aseveró antes de abandonar la Comandancia de Patraix a la espera de una próxima citación sin fecha todavía.

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