Los ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) durante el 3 de julio de 2006 acuden a declarar a la nueva comisión del accidente del metro sin el entrenamiento de una consultora en comunicación. Y se nota. Porque en la tercera sesión parlamentaria celebrada ayer, los tres directivos de FGV que comparecieron se contradijeron entre ellos. E, incluso, abrieron pequeñas rendijas en la verdad absoluta del «accidente imprevisible e inevitable», en el que todo se hizo bien antes, durante y después. Aunque la sigan defendiendo.

Uno de los que rasgó ayer la coartada perfecta de FGV y la Generalitat durante años fue la mano derecha de Marisa Gracia, Dionisio García, que entró en 2004 en la empresa como jefe de recursos humanos y salió con el ERE de 2012, «contra mi propia voluntad» cuando era director adjunto de explotación. Según Dionisio García, tras el accidente «había un aire enrarecido [en la empresa] Creo que FGV nunca ha asumido el accidente. Aquello fue un "sálvese quien pueda". Y con una estrategia política equivocada. Fue imposible hacer un análisis de lo que pasó y no pasó. Yo me he sentido indefenso por no saber qué hacer. Fue imposible analizar la información para evitar accidentes futuros», respondió a preguntas del diputado Juan Ponce (Compromís).

Según García, «no hubo una profesionalización en la gestión del suceso, que nos sobrepasó. Un accidente con 43 muertos. No estábamos preparados para esta situación. Y se crearon dos bandos: uno en el que los malos eran los directivos y otros seguían reivindicando», lamentó, en respuesta a Antonio Subiela (Ciudadanos). García se extendió en este análisis y reveló que en FGV se creó «una dinámica perniciosa. Tras el accidente no había posibilidad de realizar un trabajo racional sensato». Y lamentó que no hubo «una investigación aparte, ajena a la situación política» pero sí mucha «premura en el tiempo por acabar».

El ex jefe de recursos humanos de FGV reconoció haberse sentido en aquella época «indefenso y cautivo de opiniones. No puedes ni ir a apoyar a los muertos. Si no respetas a tu propia gente, acabas en la mierda», defendió. Pero hasta ahí llegó la autocrítica. García negó haber participado en las reuniones con la consultora H&M Sanchis para «preparar» las comparecencias de 2006 o que se hubiera ocultado información desde la empresa. «Nunca ha tenido la sensación de que se escondiese nada».

Otro dato sorprendente desvelado durante la tercera jornada fue la confesión Juan José Gimeno Barberá, ex responsable de la dirección de análisis y auditoría de seguridad en la explotación (DAASE), creada tras el accidente de Picanya para prevenir siniestros, analizar los incidentes y mejorar la seguridad ferroviaria. Pero este departamento no hizo ningún informe sobre el accidente del metro más grave de la historia de España. «Me dijeron expresamente que no lo analizara y nombraron en mi lugar a un responsable del área jurídica de FGV», explicó Gimeno Barberá en respuesta a la diputada Cristina Cabedo (Podemos). A la pregunta de quién le impidió elaborar este informe, el ex directivo respondió lacónicamente. «Supongo que la gerente [de FGV, Marisa Gracia]». A Gimeno Barberá no le molestó esta injerencia en su cometido, según explicó a Ana Barceló (PSPV). «Pregunté, pero sencillamente hay que reconocer que yo llevaba poco tiempo y era un caso extremadamente grave. Se justificó por mi propia poca experiencia, porque lo haría gente con más experiencia y yo lo acepté». El análisis sobre el accidente nunca se hizo.

Gimeno Barberá fue, precisamente, quien dejó a los pies de los caballos a Manuel Sansano, el ex director de operaciones de FGV, que fue el primero en comparecer ayer . Sansano acababa de declarar que supo del «informe de puntos negros» que hizo un sindicalista en 2005 «después del accidente de 2006. Y sólo tenía dos puntos negros». Pero Gimeno Barberá, al ser preguntado por este dossier, fue claro: «El informe se entregó al comité de seguridad en la circulación (CSC) del 30 de noviembre de 2005, que yo presidí por primera vez. Se hizo en respuesta a la solicitud de la dirección de operaciones [Sansano] pero no se volvió a tratar en el CSC, sino que se entregó a quien lo solicitó» [Sansano], respondió Gimeno Barberá a la diputada Belén Bachero (Compromís).