La tormenta desatada tras el estallido del caso Imelsa y sus ramificaciones en el Ayuntamiento de Valencia ha acabado con el desmantelamiento de la dirección del PP en la ciudad. Una junta gestora pasará a dirigir la agrupación en los próximos días. La cúpula del partido en Madrid ha forzado la disolución ante la gravedad de la situación creada tras la citación como investigados —la actual denominación de imputados en la nueva ley de enjuiciamiento— de concejales y asesores del grupo popular.

Génova impuso ayer una medida de fuerza que la presidenta autonómica, Isabel Bonig, ya había dejado entrever horas antes. A partir de ahora será la gestora la que dirija el partido ya que el presidente local, Alfonso Novo, es uno de los investigados.

Ayer, este diario ya informó que el PPCV sopesaba nombrar una dirección provisional en Valencia ciudad después de la investigación abierta a todo el grupo municipal. Finalmente, la toma de declaración de concejales y asesores ha permitido acelerar la decisión.

Fuentes populares señalaron ayer que las medidas se están tomando de forma conjunta entre Génova y la calle Quart. Con todo, la alarma social que se ha desencadenado en la ciudad tras la operación policial y con el foco mediático nacional pendiente de los movimientos del PP valenciano, el partido se ha visto obligado a dar una respuesta que el propio Mariano Rajoy -que intenta un pacto que le permita seguir al frente del Gobierno de España- reclamaba que fuera contundente. Los populares reaccionan de este modo ante la operación policial que acabó el martes con la detención de 24 personas, muchos de ellos cargos del PP, y la citación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como investigados de 50 concejales y asesores del PP de Valencia, a los que se les investiga por donaciones al partido y presuntos cobros de dinero que habrían blanqueado a través de pagos en metálico en distintos establecimientos.

Este diario ya apuntaba ayer que si la acusación se sostenía el criterio de la dirección nacional era el desmantelamiento de la dirección local. También la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, había anunciado que si persistía la gravedad de los hechos y la imputación de Novo tras su declaración ante el juez una gestora se haría cargo del partido. Génova respalda la decisión apuntada desde Valencia.

La dirección provisional depende del PPCV ya que según los estatutos del partido es la dirección autonómica la que tiene competencia. El partido prefiere esperar a ver como queda el grupo municipal tras declarar ante el juez, ya que, de momento, sólo lo ha hecho ante Guardia Civil. Si siguen imputados la hoja de ruta sería la misma que con Novo, es decir, tendrían que dimitir. Pero el problema que se le abre al PP es mayor ya que la investigación afecta a todo el grupo, incluida la supuesta delfin de Novo, Mari Àngels Ramon-Llin, la persona de confianza de Bonig y que también forma parte de la regional.

La gestora podría pilotar el proceso hasta el congreso y puede pasar un año por lo que el PP mira con lupa los distritos para decidir la mejor opción. Los requisitos que plantea son experiencia pero cargos libres de cualquier problema judicial.

Rajoy asume que faltó diligencia

Mientras, el PP no tiene decidida aún la composición de la gestora, según anunciaron ayer fuentes del partido en Valencia. La decisión de confeccionarla está tomada, pero sus integrantes todavía no están decididos.

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, asumió ayer que le faltó diligencia contra la corrupción, aunque avisó otra vez que quien «no haga lo que es debido se irá».

El líder nacional del PP realizó estas manifestaciones en Valladolid ante la Junta directiva del PP de Castilla y León, tras la operación Taula en la que han sido detenidos varios excargos del PP valenciano, «La corrupción le ha hecho daño a este partido, todos lo sabemos. Hemos actuado, a lo mejor no hemos sido todo lo diligentes que hubiéramos tenido que ser pero es fácil hablar a todo pasado», dijo.