La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá conocía el plan para lavar el dinero de la caja B, que ha supuesto la imputación de los veinte concejales y treinta asesores municipales del partido, según confirmaron ayer a Levante-EMV fuentes cercanas al caso. Los cincuenta investigados (nueva acepción para los imputados) salvo Miguel Domínguez, que es aforado como diputado autonómico, están compareciendo ante la Guardia Civil por las aportaciones de mil euros por cabeza para financiar la última campaña de Barberá que supuestamente les fueron devueltos en dinero negro. Fuentes del Supremo explicaron ayer que el magistrado que instruye el caso «no puede hacer nada» sobre Rita Barberá „ni tomarle declaración ni ordenar ningún registro„ por su condición de aforada como senadora.

Fuentes próximas al procedimiento aseguraron que el juez está siguiendo la misma estrategia que la instructora del caso Blasco, que elevó el asunto al TSJ cuando ya tenía avanzada la investigación. En el caso de Blasco, la juez elevó la consulta al TSJ y el Tribunal Superior lo asumió.

En el supuesto de que finalmente el juez cierre el círculo y considere que el procedimiento del blanqueo del PP municipal debe tener 51 investigados, elevará una exposición razonada al Supremo con los indicios para la imputación de Barberá. Hasta ahora, en Valencia los casos con investigados aforados pasaban íntegramente al TSJ. Sin embargo, este procedimiento puede ser diferente. El Tribunal Supremo está optando por asumir exclusivamente a la persona aforada. El último ejemplo es el de la exalcaldesa popular de Jerez y diputada nacional María José García Pelayo, que está siendo investigada por si cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004.

Los interrogatorios de la UCO a los miembros del grupo municipal popular se han centrado exclusivamente en la entrega de mil euros para luego recuperarlos en billetes de quinientos euros que supuestamente procedían de la caja B.