La directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez, asegura que este nuevo protocolo responde a la necesidad de adecuar el sistema «a la nueva ley de protección del menor y lo que queremos es dar competencias a los ayuntamientos para que tengan una nueva herramienta antes de declarar a un menor en situación de desamparo. Hasta ahora no existía la declaración de riesgo, y es un elemento importante porque permite crear un registro, comunicarle a los padres la situación y darles un ultimátum». m. ros valencia
