La financiación del Partido Popular en la Comunitat Valencia lleva casi una década bajo sospecha. La cúpula del Partido Popular de Camps se enfrenta a cerca de ocho años de cárcel por la financiación del partido en las campañas electores de 2007 y 2008. De forma paralela, Marcos Benavent supuestamente se encargaba de «recaudar» comisiones para el partido bajo las directrices de Alfonso Rus. Benavent advierte a María José Alcón en una de las grabaciones en manos del juez que han trascendido de que 5.000 euros de una de las mordidas eran «para el partido porque Alfonso (lo) quiere así». El último escándalo es el del blanqueo de dinero que investiga la Guardia Civil con entregas de mil euros presuntamente coordinadas por Mari Carmen García Fuster (la ex secretaria municipal del PP de Valencia) y que ha costado la imputación de los 50 concejales y asesores populares en el Ayuntamiento de Valencia.
Toda la financiación ilegal está vinculada a las campañas electorales y los fondos en negro supuestamente proceden de pagos de empresarios y constructores. El PSPV, Compromís y Esquerra Unida han estado denunciando en los últimos años que el PP ganaba las elecciones «dopado».
El caso que ya está a punto de ser juzgado en la Audiencia Nacional tras siete años de pesquisas es el de la financiación del PP vinculada a la trama Gürtel. La Fiscalía Anticorrupción reclama sendas penas de siete años y nueve meses de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla, el ex secretario general el PPCV Ricardo Costa, el ex vicesecretario general del PPCV David Serra (detenido también en la operación Taula), y para la gerente del partido desde 1995, Cristina Ibáñez, por la financiación ilegal del partido en las autonómicas de 2007 y las generales de 2011. El ministerio público cifra la financiación irregular del PPCV en 2007 y 2008 en 3.461.982 euros.
Las supuestas irregularidades del partido durante la etapa de Camps coinciden con la implantación en Valencia de Orange Market, rama valenciana de la trama Gürtel. Anticorrupción mantiene que la expansión del grupo Correa en Valencia «tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinados políticos con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos».
La única cuantía declarada por Orange Market y el PPCV en los procesos electorales de 2007 y 2008 fue de 175.000 euros. Sin embargo, el gasto real presuntamente fue de 2.035.919 euros. Además, en 2007 y 2008 el PPCV encargó otros trabajos de organización no electorales y 1.426.063 supuestamente «se abonaron fuera del circuito legal del dinero y no se contabilizaron». En total, 3.461.982 euros. Una parte del gasto comprometido por la cúpula del PPCV fue financiado por constructoras con sede en la C. Valencia. La trama hacía aparecer las aportaciones de los constructores como pago de servicios prestados a sus empresas, aunque Anticorrupción está convencida que era una tapadera.
El pivote de la trama de financiación ilegal que ahora se está investigando en la «operación Taula» es Marcos Benavent. Los investigadores llaman a Marcos Benavent el «recaudador» porque supuestamente era el encargado de conseguir las comisiones. La principal diferencia con Gürtel es que Marcos Benavent sí que está colaborando activamente con la justicia desde hace unos meses y esa situación complica el futuro judicial del resto de imputados que se han negado a declarar ante el juez.
Anticorrupción comenzó a investigar el caso Imelsa en julio de 2014 por el supuesto pago de mordidas en el Ayuntamiento de Valencia para la financiación del Partido Popular. La sorpresa para los investigadores fue que cuando ya estaban todos los focos puestos en el partido y el juez había autorizado las intervenciones telefónicas tras judicializar el caso en marzo, el grupo municipal supuestamente blanqueó dinero para financiar la campaña de Rita Barberá. Fuentes próximas al caso ironizan con que algunos investigados «han delinquido en directo». Para enredar todavía más la situación, el partido sospecha que antiguos asesores están pasando información. Y es que nada ha sido igual desde la condena a Rafael Blasco. Desde ese momento, la Fiscalía y los jueces de instrucción han detectado una actitud más colaboradora de los testigos y algunos imputados en los caso de corrupción.
El caso Naseiro, primer gran escándalo
El caso Naseiro fue el primer gran escándalo de corrupción que salpicó al PP en el Ayuntamiento de Valencia. Un pinchazo telefónico al edil del PP Salvador Palop en el transcurso de una investigación contra su hermano destapó en 1990 una supuesta trama de financiación ilegal del partido. El juez Luis Manglano investigó a varios miembros del PP, entre los que se encontraba su tesorero Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales, diputado por Valencia y antiguo tesorero del partido. El caso llegó al Supremo, que lo archivó debido a que las escuchas telefónicas se habían ordenado solo para un delito de narcotráfico.
