El informe definitivo de la Intervención de la Generalitat sobre las irregularidades en la empresa pública Construcciones e Infraesctructuras Educativas SA (Ciegsa) que el Consell ha remitido a la Fiscalía desnuda la opaca gestión de Máximo Caturla, uno de los supuestos cabecillas de la red corrupta desmantelada en la operación Taula, al frente de esta firma que está en proceso de liquidación tras acumular en 14 años una deuda que supera los 1.900 millones de euros.
Caturla, en libertad con cargos tras imponerle el juez una fianza de dos millones de euros, aterrizó en Ciegsa como gerente a mediados de 2004 cuando Francisco Camps presidía la Generalitat. Ese mismo año, el 22 de diciembre, fue nombrado consejero delegado de esta sociedad pública creada en 2000 por el Consell de Eduardo Zaplana para acelerar la construcción de centros educativos pendientes. Cargo que ocupó hasta el 27 de julio de 2007, cuando el entonces todopoderoso Alfonso Rus, también investigado en la trama, se lo llevó a la Diputación de Valencia como vicepresidente y responsable de Hacienda y Economía.
El informe de la Intervención revela que entre 2005 y 2008, intervalo que coincide prácticamente con la gestión de Caturla al frente de Ciegsa, la empresa pública limitó al 16 % las bajas en la adjudicación de los concursos. Algo que según el órgano de control de la Generalitat, hace que «no sea posible saber, ni garantizar, que se ha adjudicado la obra a la oferta más ventajosa», relata el informe al que ha accedido Levante-EMV.
Ocho centros bajo sospecha
En la muestra de 31 proyectos ejecutados por Ciegsa entre 2000 y 2012 que analiza Intervención en el informe remitido al fiscal hay ocho centros docentes adjudicados durante los tres años que Caturla estuvo al timón de la sociedad pública. En todos los casos, la desviación del coste final de la obra sobre el presupuesto inicial «altera las condiciones esenciales de la licitación», advierte el órgano de control.
Así, por estos ocho centros que se adjudicaron por 50 millones de euros se acabo pagando 71,6 millones (IVA excluido). Ese sobrecoste de 21,6 millones supone una desviación del 43,2 %. En todos los casos, la Intervención critica que Educación no aprobara ninguno de los modificados introducidos, que en 14 de los centros de la muestra supera el 20 %.
Un 36 % más caros
El órgano de control del Consell, tras comparar dos institutos de superficie similar construidos en Torrevieja en 2005, uno adjudicado por la Ciegsa de Caturla y otro directamente por la conselleria, subraya que los centros construidos por la firma pública resultaban un 36 % más caros.
Esto se debe, según la Intervención General, a que la empresa pública licitaba y adjudicaba las obras a un precio más elevado al impedir bajas superiores al 16 % o al acumular los proyectos en lotes, limitando la concurrencia, y al recurrir en exceso al procedimiento negociado y sin publicidad, lo que se conoce como contrataciones a dedo, en los contratos de Asistencia Técnicas, Redacción de Proyectos y Dirección de Obras.
A esto se añade, se lee en el informe de Intervención, que «no existe una limitación a la hora de formular proyectos modificados y/o complementarios».
