Sobrepasados por los acontecimientos. Así se encuentra la dirección regional del PPCV con Isabel Bonig a la cabeza después de la confirmación de que la plana mayor del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia declarará próximamente ante el juez y que sus miembros lo harán, no como testigos, sino como imputados (ahora investigados). La semana pasada, antes del desfile de concejales y asesores por la Guardia Civil, Bonig afirmó, en rueda de prensa, que pediría al portavoz del grupo, Alfonso Novo, que dejara el acta si, una vez declaraba ante el juez, mantenía su condición de imputado. Es más, el comité de derechos y garantías del partido reunido el día de las primeras detenciones acordó suspender de militancia a todos los arrestados e investigados, lo que incluyó al propio Novo. Bonig afirmó también que solicitaría el acta de senadora a Rita Barberá, si también resultaba salpicada en la investigación. Lo mismo cabe predicar del exvicepresidente del Consell, Gerardo Camps.

La mano dura de Bonig debería, en coherencia, extenderse al resto de concejales, que se encuentran en idéntica situación que Novo. Sin embargo, la consigna ahora es esperar a que se produzcan las declaraciones. Existe un hilo de esperanza de que se retiren las acusaciones, lo que daría un rayo de luz al negro panorama que se le abre a Bonig con todo un grupo imputado.

La lideresa, que ayer no tuvo presencia pública, está dispuesta, en principio, a cumplir su compromiso y exigir el acta a Novo y al resto si llega el momento. Pero, no obstante, la dirección regional no quiere precipitarse.

La realidad es que, como le ocurrió al expresidente Alberto Fabra en su momento con sus líneas rojas, Bonig no podrá hacer distingos. Y si le pide a Novo que se vaya, tendrá que hacer lo mismo con el resto.

Diputación y Corts

Pero es que la crisis no se quedará en el Ayuntamiento de Valencia. La concejala Beatriz Simón es también diputada provincial, con lo que también quedaría inhabilitada para este cargo. La macha de la imputación también podría extenderse a las Corts. El diputado y exconcejal Miguel Dominguez fue llamado el viernes a declarar, pero una vez en dependencias de la Guardia Civil, no le tomaron declaración. Domínguez, al igual que Barberá, es aforado, por lo que para ser interrogado es necesario la consulta previa a las Corts.