La Guardia Civil se está aplicando a fondo en la investigación de los sobrecostes de Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios, durante agosto de 2004 a junio de 2007, en los que el detenido Máximo Caturla fue gerente y secretario autonómico de Educación. Según la información de la que dispone Levante-EMV, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) desplazados a Valencia indagan en la compra de una sede para la sociedad que nunca se llegó a utilizar. Caturla abonó en diciembre de 2006 6.905.480 euros al contado más el IVA (1.147.820 euros) al constructor Enrique Ballester por 3.688 metros cuadrados del edificio de oficinas Destro, en el Parque Tecnológico de Paterna. Los investigadores sospechan en la forma y la urgencia del pago y ya han citado a declarar a varias personas.
La compra del edificio para la sede de Ciegsa ya fue un escándalo en su día, del que dio buena cuenta este periódico. Tal fue la presión mediática y de la oposición socialista en las Corts encabezada por la exdiputada Anna Noguera que, en 2008, el sucesor de Caturla en Ciegsa la tuvo que vender por 7.877.000 euros, casi 200.000 menos. Durante los dos años que la sede fue pública pero sin utilizar, Caturla licitó justo antes de dejar Ciegsa (junio de 2007) unas obras de reforma por valor de 735.476 euros. Los trabajos fueron paralizadas.
La sede que compró Caturla para Ciegsa y que abonó al contado, algo extraño en la administración pública, ocupaba la primera planta del edificio de oficinas Destro, en la actualidad compartido por numerosas empresas. Los departamentos tenían 3.688 metros cuadrados y una piscina cubierta para el uso de sus trabajadores, según explicaron a este periódico varios empleados de la época. Caturla justificó en su día que hizo la compra «a tocateja» para ahorrarse el alquiler y los intereses del préstamo. Curioso que quisiera impedir hipotecarse, cuando muchos de los colegios construidos en su época fueron financiados por los bancos.
Entrada en Ciegsa
Máximo Caturla entró en Ciegsa como un elefante en cacharrería y, por las pruebas que ya dispone la Guardia Civil, no solo habría «enchufado» a militantes del PP que no acudían a trabajar, sino que habría podido generar sobrecostes en la construcción de colegios para obtener presuntas comisiones, como años después se habría hecho en la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa. De hecho, los arquitectos detenidos Joan Vergara y Elena Bosque trabajaron para Caturla en ambas empresas públicas dirigiendo los proyectos ahora investigados.
Para que Bosque y Vergara entraran a trabajar en Ciegsa, Caturla tuvo que despedir a cuatro arquitectos de la empresa pública. Los despidos no los ejecutaron los abogados de la sociedad, sino el despacho de Broseta Abogados, según ha podido confirmar este periódico. Esta entrada del otrora jefe de las finanzas del PP provincial provocó un gran malestar en la empresa. Aun así, tomaron el control de los proyectos de los colegios y las escuelas de música. Los investigadores ya trabajan en una lista de centros en la que habrían habido mordidas.
