La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha puesto en marcha la maquinaria para acabar de forma real con el modelo Blasco-Cotino de adjudicación de plazas en residencias de mayores tras la sentencia que el mes pasado abría la puerta a acabar con este reparto, que venía beneficiando a ciertas empresas.
Según informaron ayer fuentes de la conselleria que dirige Mónica Oltra, se ha remitido una orden a las direcciones territoriales para que no se inicien «nuevos expedientes de ingreso» de usuarios en las plazas de accesibilidad social concertadas en estos centros. La orden se basa en la sentencia conocida la semana pasada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que consideraba que el contrato firmado en su día por Rafael Blasco con varias empresas para la construcción de nuevas residencias se había reinterpretado de una manera «contraria a derecho» ya que la conselleria solo tenía obligación de garantizar la ocupación del primer tercio de estas plazas de accesibilidad social, hasta 2.000. Sin embargo, la pretendida exclusividad que se venía aplicando con la derivación de usuarios hasta completar el resto de los otros dos tercios era irregular, según el TSJ.
Basándose en este fallo, la conselleria ha emitido esta orden a las direcciones territorial para acabar con el sistema aplicado hasta ahora, aunque, según reconocieron ayer fuentes de la conselleria quedan bastantes flecos por resolver.
Por ahora, los cambios no deben afectar ni a los usuarios que ya tienen plaza ni a los que ya realizaron la petición y se está tramitando pero sí a los futuros nuevos expedientes, que se paralizan, «con la finalidad de evitar incurrir en cualquier situación que pudiera afectar a los futuros usuarios de las citadas plazas».
En este sentido, se ha informado a las direcciones territoriales de que una vez que se finalice el ingreso de los usuarios con expediente en trámite, «dichas plazas quedarán fuera de la Red de Centros Públicos y Concertados conforme las mismas vayan quedando vacantes».
Diferencias económicas
Uno de los grandes flecos que la administración debe resolver para poder aplicar convenientemente esta orden son las condiciones económicas que tendrán los usuarios al quedar fuera de las conocidas como plazas de accesibilidad social que tienen unas pautas de acceso más ventajosas.
Actualmente, los usuarios que optan a una plaza residencial, reciben mayor subvención de la conselleria en aquellas de accesibilidad social frente a la opción de escoger plaza en cualquier otra residencia, en las que el usuario debe pagar más dinero ya que las ayudas de la administración son, también, menores. Fuentes de la conselleria reconocieron ayer que se está buscando la «fórmula legal» para que esta circunstancia no afecte a los usuarios y, realmente, la elección de residencia (dentro o fuera de las acogidas accesibilidad social) se haga en las mismas condiciones.
Respecto a los usuarios que ya están ingresados en plazas integrantes de este segundo tercio, «con la finalidad de evitar cualquier situación que pueda perjudicar a los mismos, éstos continuarán en los centros, sin perjuicio de que se inicien los trámites administrativos correspondientes para regularizar su situación contractual».
