La juez que investiga la adjudicación del plan zonal de gestión de residuos de la comarca de la Vega Baja (pieza separada del caso Brugal) ha concluido la instrucción y ha procesado a catorce personas, entre ellas, el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP).
Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la juez también procesa a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente (PP); al exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante Antonio Amorós, y a varios técnicos y empresarios. Entre estos últimos figuran Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
En un auto de procedimiento abreviado, la juez considera que existen indicios de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida.
Por otra parte, archiva la causa respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de su participación en los delitos investigados.
El empresario Ortiz está imputado en dos piezas más del caso Brugal, los relativos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante (asunto que propició la dimisión de la alcaldesa popular Sonia Castedo) y al plan Rabasa, respectivamente, y también en el caso Gürtel por la supuesta financiación ilegal del PP.
La Diputación de Alicante, dirigida entonces por José Joaquín Ripoll, adjudicó el plan zonal de gestión de residuos de la Vega Baja (zona XVII de la Comunitat Valenciana) a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa. El auto de procedimiento abreviado notificado ayer a las partes pone fin a una instrucción de más de ocho años y deja el caso preparado para el juicio.
La instructora concluye que «de las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada» en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel Fenoll, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory Fernández. Estos empresarios, según la juez, contaron con «la ayuda» y «la colaboración directa» de «cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Alicante» para «obtener favores» de esta institución y de los ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada «mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia» en contrataciones.
«En concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005» de la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Comunitat Valenciana, según el auto del Juzgado de Primera Instancia de Orihuela, que instruye esta pieza separada del caso Brugal, facilitado por el TSJCV.
Con este auto, la magistrada instructora da traslado al fiscal y a las acusaciones para que en 20 días soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar el delito que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos. En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.
En esta pieza separada del Brugal se investigaban posibles irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos urbanos de la zona XVII (Vega Baja), que afecta a 27 municipios de distinto signo político situados al sur de la provincia. Esta causa es una de las veinte piezas separadas del llamado caso Brugal, cuyas investigaciones también derivaron en diligencias relativas al planeamiento urbanístico de la ciudad de Alicante y la gestión de las basuras de Orihuela, entre otras.
En julio de 2010, Ripoll fue detenido junto a tres concejales populares de Orihuela y varios empresarios, entre ellos el constructor Enrique Ortiz, por su supuesto papel al frente de la Diputación Provincial en las irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja.
