El exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, primero en declarar ante el juez por la trama de los mil euros, salió de nuevo como «investigado» y anunció, frente a la postura del partido, su intención de conservar el acta de concejal al menos hasta que se levante el secreto del sumario y conozca las pruebas que existen contra él. Eso significa que el grupo popular, donde queda un concejal sin acusación, Eusebio Monzó, podría partirse en dos, con una parte del PP y otra de «no adscritos», es decir, un mismo alma y dos cuerpos diferentes.
La dirección regional del Partido Popular, encabezada por Isabel Bonig, tiene tomada, antes incluso de que se iniciaran las declaraciones ante el juez, la decisión de reclamar las actas de concejal a todos los ediles que continúen «investigados» „muy posiblemente 9 de los 10 que forman el grupo popular„ y crear un nuevo grupo con los siguientes de la lista que estén «limpios».
No es una decisión que comunicarán a cada uno de ellos nada más salir del juzgado, cosa que ocurrirá entre los días 8 y 18 de este mes de febrero, sino que esperarán a que todos hayan declarado ante el juez de instrucción para anunciarla.
Eso significa que los concejales, de manera personal, tendrán que decidir si conservan su «escaño», en cuyo caso pasarán a conformar un grupo de «no adscritos»; o abandonan el consistorio, en cuyo caso pasarán a formar parte del grupo popular los siguiente de la lista acompañando a Eusebio Monzó, que es el único edil del PP que no ha sido imputado y que ya ha anunciado que quiere continuar.
División de opiniones
Y todo parece indicar que hay división de opiniones y que habrá «división» del grupo popular actual. Según ha podido saber este periódico, al Igual que Novo, otros concejales «investigados» como Mª Àngels Ramón-Llin, Beatriz Simón, Lourdes Bernal o M.ª Jesús Puchalt podrían estar dispuestas a mantener sus actas y pasar a formar parte del grupo de no adscritos. Por contra, otros ediles como Alberto Mendoza, Vicente Igual o Félix Crespo, «obedecerían» el mandato del partido y abandonarían el Ayuntamiento.
Todo parece indicar que la situación personal de cada uno de los concejales, especialmente su situación económica o la proximidad a la jubilación, puede influir determinantemente en su decisión final.
Hay que tener en cuenta que quedarse con el acta de concejal les permitiría mantener el sueldo durante los próximos cuatro años y además luego tendrían derecho al subsidio de desempleo como cualquier otro trabajador. En total, son seis años de ingresos garantizados, lo suficiente para acercarse a la jubilación o saldar las deudas pendientes.
Sueldos reversibles
El problema podría estar, no obstante, en la actitud que adopte el nuevo equipo de gobierno municipal, el tripartito, respecto a estos concejales, pues la Ley de Régimen Local le da la posibilidad de retirarles el sueldo y dejarlos únicamente con la dietas por asistencia a plenos y comisiones.
Esta ley establece para los municipios de más de 500.000 habitantes, como es el caso de Valencia, un máximo de 25 liberados, lo que significa que los otros ocho restantes hasta los 33 que componen la corporación tienen que quedarse sin salario.
No obstante, y en aras de «garantizar la labor de oposición», el nuevo gobierno municipal decidió dejar sin ese sueldo a los ocho tenientes de alcalde y buscar para éstos un complemento que les equiparase las retribuciones, de forma que todos los concejales electos cobran lo establecido, tanto los del gobierno como los de la oposición. A estos últimos les corresponden unos 60.000 euros brutos anuales.
Castigo a la corrupción
Ahora lo que ocurre es que la situación ha cambiado, que todos los concejales están siendo investigados judicialmente y que lo están siendo por un presunto caso de corrupción, lo que significa que el tripartito, muy decidido a acabar con estas prácticas en la capital, puede revertir esa situación y volver a los 25 liberados, dejando fuera a los del grupo de no adscritos.
El equipo de gobierno, de hecho, ya ha dicho que actuará directamente contra todos los «investigados», procediendo a «despedir» también a los asesores que sean imputados.
Precisamente, esa es otra papeleta a resolver por el tripartito, pues en esta causa hay al menos una quincena de asesores que están en esa situación.
Para poder «ajustar» el número de liberados bastaría con reordenar los cargos y sus retribuciones, y luego llevar una propuesta al pleno municipal, que tiene la última palabra.
