Los puzzles de la actualidad se aparcan a veces sin terminar y cuando corren los años y circulan las circunstancias, de repente aparecen las piezas que faltaban. Corría el mes de febrero de 2010. El entonces diputado provincial de Turismo, Isidro Prieto, otorgó desde la institución provincial una subvención de 300.000 euros a una fundación de nombre Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE) con la presunta finalidad de fomentar el turismo en los municipios del interior. Hubo que aprobar una modificación presupuestaria para poder canalizar ese dinero. GEE resultó ser un chiringuito presidido por el entonces vicepresidente económico del Consell Gerardo Camps, quien había tenido a Isidro Prieto como jefe de gabinete en la conselleria.

Creada el 12 de junio de 2007, se trataba de una entidad fantasma en toda regla. Este diario comprobó en su día que no tenía más actividad que pagar las nóminas a dos empleadas vinculadas al PP y abonar informes, por ejemplo sobre centros de discapacitados, actividad que poco tenía que ver con su presunto y pomposo objeto social: promover empresas valencianas en «mercados internacionales», la «colaboración entre altos ejecutivos y empresarios» y «cualesquiera otros fines que perfeccionen su acción básica y fundamental de acercamiento entre altos ejecutivos y su entorno socioeconómico empresarial». En resumen, un piso en un edificio de la Calle Colón, donde no había nadie y no se hacía nada. Por no haber, ni siquiera figuraba ninguna placa ni rastro que indicara la existencia de la fundación en el edificio. Una entidad a todas luces clandestina.

La fundación fantasma había tenido tan poca actividad que ni siquiera había presentado la memoria de actividades correspondiente a 2008 junto a las cuentas anuales. Dos de las firmas que cobraron por realizar informes adjudicados a dedo pertenecían a los mismos dueños. Es más, fue uno de ellos quien inspiró a Gerardo Camps para montar esta fundación. Estalló el escándalo y el portavoz provincial del PSPV, Rafael Rubio, acusó a Alfonso Rus de ser «el banquero de Camps» y de haberle hecho algo así como una transferencia.

El entonces presidente de la diputación Alfonso Rus quiso proclamar en público, en el pleno celebrado el 17 de febrero, que se había enterado por la prensa de que la fundación beneficiaria del dinero tan sólo era un chiringuito de dudosa reputación. El vicepresidente Gerardo Camps también se apresuró a declarar que desconocía la polémica. Mientras, Isidro Prieto guardó prudente silencio. Las aguas superficiales siguieron quietas, pero en la profundidad del estanque había corriente.