Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia «investigados» por la trama de los 1.000 euros aseguran haber llegado a un acuerdo con la Dirección Regional del partido para seguir en sus puestos al menos hasta que se levante el secreto del sumario y se clarifiquen las acusaciones que pesan sobre ellos.

El primer paso del PP tras su citación ante la Guardia Civil como «investigados» fue decretar su baja cautelar en el partido, advirtiendo, además, que si seguían imputados tras su declaración ante el juez, serían apartados definitivamente y les reclamarían sus actas de concejales. Ayer mismo, la presidenta regional, Isabel Bonig, confirmó la firmeza del partido con los concejales de Valencia, pero, sin embargo, aseguró también que esperará a que hayan declarado todos y se levante el secreto del sumario para tomar una decisión. A su juicio, no sería bueno «precipitarse».

Esta posición de máximos es, precisamente, lo que los concejales afectados entendieron en su reunión con Bonig a principios de semana, posición que habría defendido igualmente en otras comparecencias públicas. Al menos tres de esos concejales han confirmado a este periódico que en ese encuentro se llegó al «acuerdo» de que la suspensión definitiva de militancia y la entrega del acta no se produciría, en todo caso, hasta que se levantara el secreto del sumario e incluso con la apertura de juicio oral.

La confusión, por tanto, es total en el grupo, que este mismo lunes empezará a desfilar de nuevo, esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

Por lo que se refiere a la comisión de investigación que se creará en el Ayuntamiento de Valencia para tratar este asunto, el segundo teniente de alcalde, Jordi Peris, explicó que se constituirá en el pleno de febrero, después de pasar por la Comisión de Transparencia.

Peris explicó que empezará a funcionar una vez se levante el secreto de Sumario y se tenga la suficiente información sobre los hechos objeto de investigación. Todos los grupos municipales tendrán un representante en esta Comisión, incluido el Grupo Popular, y una de las posibles llamadas a declarar sea la exalcaldesa Rita Barberá.