06 de febrero de 2016
06.02.2016
Caso Avialsa

El juez sitúa a Castellano en una "organización criminal" con más de 50 políticos y empresarios

Imputa también al exdirector general de Interior, Pedro Hidalgo, por amaño de contratos de extinción de incendios a base de sobornos

06.02.2016 | 02:21
El juez sitúa a Castellano en una "organización criminal" con más de 50 políticos y empresarios

Prevaricación, cohecho, malversación, falsedad, negociación fraudulenta..

  • El juez instructor de la causa que tiene a Castellano como protagonista imputa al medio centenar de investigados los delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público. En esencia, se trata de delitos contra la administración pública que incluyen la compra y soborno de funcionarios, caso de Salvador Alepuz, de Aviación Civil.
     

El escándalo que arrancó el 4 de agosto de 2013 al revelar Levante-EMV que el entonces conseller de Gobernación Serafín Castellano era invitado a cacerías por el mayor contratista de su departamento, la empresa Avialsa T35 encargada de la extinción de incendios, encara su recta final en los tribunales.

Aquella foto de Castellano con el empresario Vicente Huerta junto a docenas de patos abatidos en El Allozo y decenas de informaciones posteriores en estas páginas provocó que en octubre de 2014 un exdirectivo presentara denuncia ante la Fiscalía.

Dieciséis meses después, el juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt levantó ayer el secreto de sumario de la causa en la que se investiga el pago de sobornos para el amaño de contratos a la empresa de avionetas antiincendios, además de las supuestas prácticas ilegales de esta y otras compañías al actuar como cártel para repartirse el mercado, pactar precios y evitar la competencia. En total, son más de 30 personas y una veintena de empresas las que están investigadas y a las que el juez considera que forman una «organización criminal» en la que ubica también al exconseller Castellano o al exdirector general de Interior Pedro Hidalgo, también imputado, al igual que un alto cargo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Desde Gobernación, Castellano otorgó 34,1 millones a Avialsa, de Vicente Huerta, en tres contratos que se adjudicaron mientras el dueño de la empresa patrocinaba, a través de la Fundación Medioambiental Huerta y con facturas falsas, las cacerías a las que acudía regularmente su amigo el conseller. En total, fueron 429.000 euros, camuflados como pagos de consultoría a la empresa Aprovechamientos Cinegéticos, cuyo dueño Andrés Emiliano Castedo también fue detenido en la redada del 29 de mayo en la que cayó Castellano, cuando era ya delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. A esos 34,1 millones, se sumaron otros 11 otorgados como prórroga antes de dejar la conselleria para convertirse en corresponsal de Mariano Rajoy. La Generalitat otorgó, además, un contrato de 37,8 millones al Grupo Inaer, cuya sede en Mutxamel fue registrada el pasado 13 de enero en la Operación Hispaniolus, en la que se incautaron documentos de otra veintena de empresas en seis comunidades autónomas.

Se desarticuló el cártel de la extinción aérea de incendios que, como adelantó este diario, celebraba reuniones periódicas en Manzanares (Ciudad Real) con levantamiento de acta incluido. El cártel se repartía las adjudicaciones de contratos en toda España, Portugal y parte de Italia. Los miembros de esta singular hermandad „T. A. Martínez Ridao, Trabajos Aéreos Espejo, Faasa Aviación, Faasa Aeródromo Sebastián Almagro, Cegisa, Santiago Cid, Grupo Inaer y T. A. Extremeños„ se repartían un número de turno que correspondía con un avión. Conforme se iban licitando los contratos y adjudicando, los «socios» colocaban sus ofertas y, de no disponer del modelo extracto de avioneta, se alquilaba a otro miembro del cártel.

Entre las múltiples irregularidades cometidas por Avialsa destaca el incumplimiento del contrato de 11,7 millones que se le concedió sin disponer de los Air Tractor contemplados en el pliego. En la segunda de las campañas antiincendios seguía sin disponer de esos modelos y ofreció, como en el año anterior, viejos Dromader. La rebaja en la calidad no comportó ninguna penalización en el precio que Huerta cobró por el servicio. Una de las claves del fraude cometido por las concesionarias radica en el número de horas facturadas.

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