Los interrogatorios del juez de instrucción están siendo cortos, de apenas diez minutos, y muy centrados en la causa de los 1.00 euros. El propio magistrado se lo advierte antes de tomarles declaración, lo que hace pensar en la posibilidad de que el juzgado y la fiscalía estén pensando o incluso tengan decidida la apertura de una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el cobro de comisiones y la financiación ilegal del PP.
Si finalmente el juez toma esa decisión, algo que ocurriría tras tomar declaración a los 34 acusados, las consecuencias son varios y nada menores. La primera es que los cerca de 40 acusados en esta causa no tendrían que responder a los delitos incluidos en el caso Imelsa. De hecho, en los interrogatorios no hay preguntas sobre contratos, concursos públicos, comisiones etc.
Así mismo, la investigación se haría mucho más corta y el levantamiento del secreto del sumario podría ser casi inmediato, lo que permitiría al PP clarificar cuanto antes la situación del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia y en el partido a nivel local.
Hay que tener en cuenta que de los 10 concejales del grupo, nueve están «investigados» y también lo está el presidente del PP local, lo que significa que si hay una expulsión general, hay que buscar una gestora para el partido y pedir el acta de los concejales, sustituyendo a quienes dimitan voluntariamente o pidiendo la expulsión del grupo y su paso al grupo de los no adscritos para aquellos que se resistan.
Por último, una pieza separada facilita la «imputación» de los aforados, concretamente del exconcejal Miguel Domínguez, ahora diputados de las Corts Valencianes, y de la exalcaldesa Rita Barberá, senadora. Si sólo se pide el suplicatorio del primero el caso pasa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y si se cita a Barberá el caso pasaría al Tribunal Supremo.
Con el caso unido, el juez se pensaría más ceder la investigación a estos altos tribunales, aseguran las fuentes.
