Las cacerías pagadas por el contratista de la extinción aérea de incendios, Avialsa T35, eran solamente un pretexto para los negocios. Una especie de junta general de socios beneficiarios de los contratos públicos adjudicados por Serafín Castellano Gómez en su paso por distintas «conselleries». Así lo acredita la investigación judicial del llamado caso Avialsa. A las jornadas cinegéticas acudían, además de Castellano y el empresario de los aviones Vicente Huerta, el constructor José Miguel Pérez Taroncher, que hacía de chófer del exconseller, compartía negocios y la afición por la pilota. La investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción desde octubre de 2014 ha revelado los «negocios comunes» entre ambos amigos del alma, así como una transferencia en divisas de 2 millones de euros remitida por el constructor de la Pobla de Vallbona a una cuenta de Luxemburgo, según una información a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
El dinero se catalizó a través de la sociedad Jopeta Patrimonios, la patrimonial de la familia. Taroncher operaba con las firmas Taroncher y Asociados o José Miguel Pérez Taroncher S. L. en sus contratos con la Generalitat. El constructor fue introducido por Castellano nada más desembarcar en Sanidad en 2000. El subsecretario de recursos económicos de Sanidad con Serafín Castellano era Máximo Caturla, el considerado «cajero» de la trama de las presuntas mordidas en Ciegsa y la diputación.
El swift bancario de Taroncher es de 2006. Llevaba ya seis años recibiendo adjudicaciones a dedo. El cómputo inicial judicial cifra en 2 millones de euros el volumen de negocio adjudicado directamente por Castellano a las empresas Construcciones Taroncher y Asociados y Construcciones DV Cuatro. En la propiedad de esta última participaban los hijos de Taroncher. Se trata de empresas que nunca tuvieron, en el mejor de los momentos, más de media docena de trabajadores a su cargo.
Adjudicaciones sin concursos
En todos los casos se trata de concesiones «sin acudir a los procedimientos legales, con fragmentación de importes y sin presentarse a licitaciones públicas», según el sumario. Como contó este diario, Taroncher pescó más de 7 millones en unos 200 contratos a dedo. Entre ellos, algunos tan polémicos como una reforma estructural del pabellón central de La Fe, que se llevó por 1,2 millones, sin contrato ni expediente.
Jopeta Patrimonios se creó en el año 2006 —justo antes de evadir el dinero— con un capital social inicial de 900.000 euros, «depositados en efectivo en una cuenta de Banesto cuya existencia no ha sido posible confirmar en la Agencia Tributaria». El juez instructor de la causa subraya que el volumen de dinero aportado para montar la patrimonial «no guarda correlación con los ingresos legales atribuibles a Pérez Taroncher», quien, además, aportó otros 90.000 euros como socio de la mercantil. «La única operativa» que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Jopeta Patrimonios es precisamente la realización de «transferencias internacionales de divisas que no han vuelto a España». El juez y el Ministerio Público sospechan que al no existir ninguna relación comercial ni actividad de Taroncher en el extranjero, este tránsito de divisas escondería una mecánica de blanqueo de capitales. La patrimonial habría sido utilizada como «una sociedad instrumental muy sospechosa de albergar procedimientos de blanqueo para derivar capitales a los circuitos económicos internacionales» sin llamar la atención de las autoridades fiscales», según el auto del juzgado de Instrucción número dos de Sagunt, que desplegó la operación para detener a Castellano el pasado 29 de mayo.
La liquidez del compañero de cacerías de Serafín Castellano siempre estuvo por encima de la actividad aparente de la empresa. Además, el constructor inyectó capital a su propia empresa en una cuantía infrecuente. Así, en 2011, Taroncher ingresó 800.000 euros para capitalizar Construcciones Taroncher y Asociados. «En principio no tiene ingresos suficientes para hacer esos pagos», subraya el auto judicial.
