El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado hoy una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario Podemos para paliar y reducir la pobreza energética „electricidad, agua y gas„ en la Comunitat Valenciana. PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos han votado a favor, mientras que el PP se ha abstenido.
La proposición de ley prevé ayudas para el pago de los consumos energéticos de los hogares considerados vulnerables. En concreto, plantea que los hogares en situación de pobreza "extrema" reciban un pago del 100 % del conjunto de sus tarifas energéticas: electricidad, agua y gas.
Para las viviendas en situación de pobreza "severa", propone que reciban el 35 %, que alcanzaría el 50 % a partir de un hijo o persona dependiente a su cargo, hasta un máximo del 100 %. En cuanto a los hogares en pobreza "relativa", el Consell les pagará hasta el 20 % de su factura. Además, los Servicios Sociales realizarán un análisis de la factura eléctrica para revisar la potencia contratada y proponer, si es posible, modificaciones que supongan ahorros.
El texto también explica que la Generalitat, en colaboración con las entidades locales, aprobará un Plan de Desarrollo de Medidas de Microeficiencia Energética en Hogares Vulnerables. Asimismo, establece un régimen sancionador para las empresas comercializadoras con multas que pueden llegar hasta los 601.012,10 euros.
Aunque el Consell ha manifestado su criterio favorable a la toma en consideración de esta proposición, ve "aconsejable" incorporar "mejoras tecnicojurídicas" a la iniciativa. El Gobierno valenciano aboga por definir "con mayor precisión" el ámbito subjetivo de la proposición de ley y los criterios de progresividad económica o fiscal para seleccionar a las personas beneficiarias, los mecanismos de coordinación con las empresas suministradoras de energía, y el régimen sancionador y de incompatibilidades propuestas.
Por otro lado, la Generalitat destaca que las medidas incluidas en la proposición de ley de Podemos "deberán contar con los mecanismos de financiación necesarios para atender a la demanda ciudadana y las situaciones perentorias que se pretenden atender, sin menosprecio del conjunto de políticas sociales".
Para garantizar "mayor seguridad jurídica" del texto legal resultante, el Consell aboga por analizar el recorrido del conflicto que actualmente se dirime en la ley de pobreza energética de Cataluña.
"Acabar con la pobreza energética"
El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha defendido que esta ley "intenta atacar globalmente los elementos característicos y determinantes la pobreza energética". "En una comunidad con 1,7 millones de personas en situación de riego de pobreza y exclusión, es fundamental adoptar un mecanismo legislativo para modificar la consideración del programa y arbitrar mecanismos para corregirlo", ha resaltado.
Montiel ha abogado por cambiar el concepto de "bono social" porque entiende que ha quedado "obsoleto" y ha dado lugar a una "perversión", ya que "la mayor parte de las ayudas se han canalizado hacia segundas residencias". No obstante, la socialista Concha Andrés y el popular Vicente Casanova han defendido este mecanismo.
Así, Andrés ha señalado que "los beneficiarios del bono social se han ido incrementando en los últimos años". También ha destacado que ya hay en marcha planes contra la pobreza energética en las consellerias de Vivienda y de Políticas Inclusivas, por lo que cree que se debería valorar "cómo están funcionando estos planes".
Del mismo modo, Casanova ha indicado que ya existen dos mecanismos para paliar la pobreza energética: el bono social y las subvenciones convocadas por la Conselleria de Vivienda y, en este sentido, considera que "aprobar una nueva ley es absolutamente innecesaria y colisionaría con la legislación estatal".
No obstante, ha avanzado que el PP estaría dispuesto a votar a favor si todos los grupos se comprometían a pedir un dictamen previo al Consell Jurídic Consultiu que "despeje las dudas sobre la constitucionalidad de la ley". Sin embargo Montiel ha señalado que la ley actual del Consell Jurídic "no posibilita la consulta voluntaria de las Corts".
"No es un cheque en blanco"
Por su parte, María José García, de C's, ha señalado que esta norma presenta "innumerables cuestiones que deben ser objeto de revisión" y "lagunas que pueden contribuir a fomentar redes clientelares o la picaresca tan arraigada en nuestra sociedad". En cualquier caso, Ciudadanos ha votado a favor de la tramitación, aunque ha advertido de que no es "un cheque en blanco".
Desde Compromís, Maria Josep Ortega ha indicado que por la "complejidad técnica" de esta norma sería recomendable la designación de una ponencia para mejorar la calidad del texto resultante.
