El abogado Serafín Castellano (Benissanó, 1964) siempre ha sido un profesional y superviviente de la política. Así lo acreditan los veinticuatro años que permaneció en la trinchera de la administración local, autonómica y estatal, concatenando cargos desde 1991 hasta 2015. Una carrera de fondo que frenó en seco tras ser detenido en la «Operación Hispaniolus» acusado de los presuntos delitos de malversación, prevaricación y cohecho, por el presunto amaño de los contratos de aviones antiincendios a cambio del supuesto pago de dádivas y regalos como cacerías, relojes y hasta dinero en metálico.
Una investigación que, para Serafín Castellano, es «una causa general» contra su persona, según el primer escrito que dirigió su letrado al Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt, que ordenó su detención el 29 de mayo de 2015. En sus primeras alegaciones judiciales, Castellano exhibe como defensa su condición de hombre apegado a su lugar de origen, el municipio del Camp del Túria que lo vio nacer, y el hecho de que vive «en su domicilio familiar, propiedad de su padre, desde hace 26 años», explica el abogado en el escrito remitido para explicar el origen de las obras de arte halladas en su vivienda y desligarse de cualquier actividad delictiva. «Se está llevando a cabo una causa general contra mi representado al objeto de investigar la totalidad de su patrimonio», lamentaba en el escrito fechado el 20 de julio de 2015.
En algo tenía razón la defensa de Castellano. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional consideran que «la estructura económica de Serafín Castellano» y su mujer incluye «operaciones económicas que pudieran ser sospechosas, por contener datos que pudieran conducir a deducir que ese patrimonio está conformado con ingresos de origen sospechoso». La investigación judicial que pende sobre él también incluye las dádivas (regalos y cacerías con todo incluido) que Castellano recibió, presuntamente, a cambio de prorrogar contratos, rebajar exigencias y engordar los pagos a la empresa responsable de la extinción de los incendios, como ha venido contando Levante-EMV desde el 4 de agosto de 2013.
Además de Castellano, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción también tiene en el punto de mira al empresario de los aviones y propietario del Holding Avialsa, Vicente Huerta, que supuestamente financiaba las cacerías de Castellano con sus amigos y familiares. Para los investigadores no ha pasado desapercibido, precisamente, «la realización de numerosos pagos de más de 3.000 euros mediante cheque» a través de cuentas abiertas en La Caixa, Caja Rural del Mediterráneo, Bancaja y Caixa Bank pero que «se presentaron a compensación en la oficina en la que residen las cuentas del grupo societario» de Huerta, el Holding Avialsa. Los 42 cheques son «pagos atribuidos a Huerta en persona, librados por prestación de servicios falsos, con la única pretensión de generar liquidez que pudiera utilizarse para cometer cohechos, bien mediante entregas de dinero en metálico o para adquirir bienes que, bajo la apariencia de regalos se dirigieran a quienes desde el ámbito público deben resolver a favor de Huerta», según la Fiscalía Anticorrupción. Los 42 cheques emitidos y cobrados por el propio Huerta para lograr efectivo contante y sonante, entre 2007 (el año que Castellano llegó a la Conselleria de Gobernación) hasta agosto de 2012 suman 252.640,77 euros.
5.000 euros en mano para una cacería
Dos ex trabajadores de Avialsa han declarado ante la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción que Castellano habría recibido, como mínimo de Vicente Huerta «5.000 euros para pagarse una cacería». Una pista que va a seguir la Fiscalía Anticorrupción. «En el caso de utilización de alguna de las mercantiles [de Avialsa para abonar los cheques] habría quedado rastro de la entrega en algún apunte accesorio como la cuenta de caja o reintegros bancarios».
Entre 2006 y 2008 Castellano y su esposa adquirieron un apartamento en Dénia (con garaje y trastero) además de dos fincas rústicas en Llíria, adquiridas junto al constructor beneficiado por el ex conseller, José Miguel Pérez Taroncher (que acumulaba 2 millones de euros en una cuenta en Luxemburgo) y la mujer de éste.
Sobre el piso de Dénia, la Fiscalía considera «plausible que hubo pagos en dinero negro» o «fondos de procedencia desconocida» ya que se adquirió en 2006 por 200.000 euros, aunque su precio real de mercado sería de 357.000 euros, según calculan los investigadores. Castellano y su esposa pidieron una hipoteca de 240.000 euros para pagarla, aunque en la escritura notarial de compra de la casa «se confiesa haber recibido con anterioridad, sin reflejar la forma de pago» los 200.000 euros que abonaron. A efectos de la agencia tributaria esta transacción nunca existió, según se ha descubierto en la investigación. Por último, las fincas rústicas adquiridas por los matrimonios Castellano y Taroncher supusieron un desembolso de 208.523,57 euros.
