11 de febrero de 2016
11.02.2016
Sanidad

Ribera Salud presume de ser más eficiente que la red pública a los dos años del fin del contrato

La empresa gestora de cuatro concesiones sanitarias difunde datos que el Consell del PP le obligaba a ocultar para no dejar en evidencia al resto de departamentos - Transparencia publica los contratos 17 años después

11.02.2016 | 00:17
Trabajadores en Alzira.

Tres escenarios tras el fin del modelo Alzira

  • Renovación del contrato descartada porque vulnera el pacto del Botànic
    Obligaría a sacar un nuevo concurso al que podrían aspirar empresas europeas
    La finalización del contrato de gestión del departamento de salud de la Ribera, el primero de los que expira en los próximos años, abre un escenario en el que el Consell tendrá que hacer valer la anunciada reversión a la sanidad pública. Tanto la consellera Carmen Montón como sus altos cargos han asegurado que la gestión volverá a ser pública en el departamento de la Ribera a partir de marzo de 2018. Las fuentes consultadas señalan que se abren tres posibilidades. La primera sería la renovación del contrato de gestión, aunque ésta la descartan de plano los partidos que sustentan al Consell y supondría un ataque frontal al acuerdo del Botànic. La renovación obligaría a sacar de nuevo el concurso que se abriría a cualquier empresa que quisiera optar dentro del ámbito europeo, un escenario que parece el más improbable porque se trata de una promesa electoral.
  • La vuelta a la red pública deja en el limbo a unos dos mil trabajadores
    El escenario más probable ofrece problemas en el ámbito laboral
    El escenario más probable es el que más problemas presenta. La reversión a la sanidad pública dejaría en el aire cerca de dos mil empleos, con personal que está contratado por la UTE que gestiona el hospital de Alzira y cuya plaza tendría que sacarse a concurso. A ella podría optar cualquier funcionario médico de la conselleria. En la actualidad sólo unos 300 trabajadores dependen directamente de la conselleria. Se trata de personal estatutario. Con todo, Montón asegura que el compromiso político del nuevo Gobierno de izquierdas plasmado en el Pacto del Botànic es devolver la sanidad a lo público, aunque todavía se están barajando todas las fórmulas, junto a los sindicatos, de cómo se lleva a cabo esta reversión. Pero el compromiso político está tomado, insisten en Sanidad.
  • Una de las opciones es crear una empresa pública para dar cabida a los empleados
    Dos mil trabajadores contratados por la UTE que gestiona la Ribera
    Una de las opciones que está sobre la mesa de la Conselleria de Sanidad es la creación de una empresa pública en el departamento de la Ribera que asuma al personal, aunque tampoco parece la mejor apuesta en un contexto en el que los grupos de izquierda reprochan al PP que son precisamente en las empresas públicas donde ha germinado la corrupción y los sobrecostes. Una empresa pública con cerca de dos mil trabajadores podría equipararse a la extinta RTVV. Cabe recordar que el contrato de Alzira de 2003 lo firmó el entonces conseller de Sanidad, Serafín Castellano, hoy en el punto de mira de la corrupción. Además, después de la reversión de la Ribera llegarían el resto de concesiones que se encuentran en la misma situación. La atención sanitaria de casi un millón de valencianos (el 20 % de la población) depende de empresas privadas. 

La firma Ribera Salud, el principal grupo empresarial en el sector de las concesiones sanitarias y que gestiona en la Comunitat Valenciana la atentión primaria y especializada de 701.300 usuarios, difundió ayer -tras publicar el Consell los contratos de los distintos departamentos en el portal de transparencia- datos que señalan que su gestión es mucho más eficiente que la de la red pública.

La empresa gestora saca pecho a dos años vista del final del modelo Alzira, que ha imperado en la Comunitat Valenciana desde la apertura del hospital de la Ribera en 1999. Ribera Salud ofrece datos que sitúan a los hospitales del modelo Alzira con retrasos de prácticamente la mitad que los centros de la red pública en demora en intervenciones quirúrgicas y de consultas externas y que, según fuentes de la empresa, el anterior Consell evitaba que hicieran públicos para no poner en evidencia al resto de departamentos.

La concesionaria respondía así a la publicación en el portal gvaoberta del contrato y pliegos de condiciones de las concesiones sanitarias que no se habían hecho públicos en los últimos 17 años.

Un portavoz del grupo empresarial aseguró que aplaudía la iniciativa de transparencia del Consell, pero confiaba en que se tratara de un primer paso para poner a disposición de los ciudadanos toda la información de interés, como ya han hecho otras autonomías como Cataluña. No sólo la de tipo jurídico, como ocurrió ayer con los contratos, sino también la de carácter asistencial como la situación de las listas de espera en centros públicos, la demora para ser visitado por un especialista, el porcentaje de anestesia epidural en los partos o el de pacientes pendientes de operar de más de seis meses. En todos esos indicadores, a los que ayer tuvo acceso Levante-EMV, y siempre según las fuentes de Ribera Salud, los hospitales del modelo Alzira ofrecen mejores porcentajes que los de la red de hospitales públicos.

Ribera Salud ofreció «la máxima colaboración y disposición» con la Administración para que se hagan públicos los datos comparativos de todos los departamentos. Datos como el de los pacientes atendidos a tiempo en Urgencias, el 84% en los hospitales bajo concesión y el 81% en la red pública, o la tasa de fracturas de cadera intervenidas con más de dos días de retraso, del 25% en Ribera Salud, y del 48% en el resto de centros de la autonomía.

Mientras, de la información incluida ayer en el portal de transparencia se deduce lo ya avanzado la semana pasada tras la comparecencia en las Corts del vicesecretario de Sanidad, Ricardo Campos, quien desveló que el anterior Consell no acometió auditorías ni controles a los que estaba obligado por los pliegos de condiciones o que el Consell renunció a imponer capacidad sancionadora que pusiera freno a posibles incumplimientos como si realizó, por ejemplo, la sanidad madrileña, que preveía sanciones de hasta 600.000 euros a las empresas incumplidoras. Por ejemplo, en la cláusula 13, la del control económico y financiero del departamento de la Ribera, se recoge que el adjudicatario deberá someterse a una auditoría integral anual realizada por la Generalitat, a través de medios propios y ajenos. Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Carmen Montón señalaron ayer que no tienen constancia de la existencia de copias de las auditorías realizadas, por lo que deducen que no se habrían realizado pese a que existía obligación legal.

Otra de las irregularidades que ha detectado la conselleria y que el anterior Consell del PP pasó por alto es la apertura de varios hospitales, entre ellos Dénia, Manises o Crevillent, en plazos muy superiores a lo estipulado en los contratos. Aunque en el caso de Dénia estaría más justificado por los problemas que se generaron, pese a que la concesionaria estaba obligada a abrir en dos años (24 meses) en el caso de Dénia el contrato se firmó en marzo de 2005 y el hospital empezó a trabajar en 2009. En el caso de Manises, desde el contrato a la apertura pasaron tres años y en el de Crevillent, la apertura se demoró de 2007 a junio de 2010.

Auditoría de la Sindicatura

Además de la fiscalización propia, el Consell y la puesta al día de las liquidaciones anuales con las concesionarias „Alzira adeuda 5,6 millones „ la Generalitat reclamará a la Sindicatura de Comptes una auditoría sobre las concesiones como hizo hace unos años con las resonancias magnéticas. El Síndic concluyó que el sistema era perjudicial para el Consell.

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