11 de febrero de 2016
11.02.2016
Las comisiones del urbanismo en el caso Castellano

El testaferro de Blasco reclamó la mordida a Avialsa por vía judicial

La empresa de Jesús Garrido demandó a Huerta porque éste le debía 87. 000 euros, el 25% de la comisión pactada por favores bajo mano en un PAI

11.02.2016 | 00:54

Un trato es un trato y la palabra dada tiene fuerza de ley. A veces más incluso que la ley que regula el cohecho o la prevaricación. Así lo entendió el asesor de Rafael Blasco en Territoio Jesús Garrido, considerado por la investigación del caso Castellano como testaferro del exconseller ahora encarcelado. Garrido, en nombre de la empresa Consult & Develop Gamar S. L. , presentó una demanda en el juzgado de Sagunt contra la sociedad Air Tractor Europe por la que le reclamaba el pago de 87.000 euros de una supuesta «deuda».

Hasta ahí, nada fuera del tráfico ordinario de litigios judiciales. Pero el pleito tenía su lado oscuro. En realidad le estaba exigiendo una parte de una mordida en toda regla „según la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la policía judicial„ por haber hecho gestiones a favor del empresario demandado para que pudiera hacer negocio en un PAI en Alfara de Algímia, como avanzó ayer Levante-EMV. Huerta resultó adjudicatario del plan urbanístico Nova Alfara, de 200.000 metros, en UTE con otra empresa recomendada por Emilio Máñez, exteniente de alcalde de Quartell por el PP y miembro de la trama con cacerías, urbanismo y contratos de extinción aérea de incendios. Por las gestiones bajo mano realizadas se pactó una comisión que finalmente alcanzó los 348.000 euros. El concepto ficticio para justificar la mordida era el de mediación en la venta de la condición de agente urbanizador, que pasó de la citada UTE a la empresa Prodeami. Huerta cumplió con el trato con Garrido solamente en parte. Porque cuando los cinco pagarés firmados a nombre de Air Tractor Europe, a 17.400 euros cada uno, vencieron el asesor de Rafael Blasco no pudo cobrar por falta de fondos. Entonces tomó la decisión de acudir al juzgado de guardia a presentar demanda en la que reclamaba la deuda.«Es justicia que pido en Sagunt a 3 de octubre de 2012», rezaba el escrito de la demanda.

El negocio no acabó de cuajar

El impago se produjo a raíz de que la Comisión Territorial de Urbanismo acordó, el 12 de diciembre de 2008, denegar la homologación de ese plan parcial por existir informe contrario de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Rafael Blasco había dejado la conselleria el 30 de mayo de 2006, para pasar a la de Sanidad. La particular deuda se generó en Alfara d'Algímia (Camp de Morvedre) y por ello la competencia del litigio era de los jueces de Sagunt. Precisamente el juzgado de Instrucción número dos de Sagunt está investigando la trama de presuntos sobornos para conseguir contratos públicos de extinción aérea de incendios, además del cártel de empresas aéreas que concertaban precios y se repartían el mercado.

La jueza del número uno fue la que, al estar de guardia, le correspondió coordinar el despliegue de la operación Hispaniolus que se cobró las detenciones, entre otros, de Serafín Castellano, Vicente Huerta, Emilio Máñez o Francisco Huguet, el exalcalde de Quartell. En aquella operación policial se procedió al registro del Ayuntamiento de Alfara d'Algímia, de donde se llevaron los expedientes de dos PAI vinculados a la trama, el citado y el Residencial Alfara. «Todo lo acaecido con este PAI es cuando menos peculiar, abundando los indicios de operaciones irracionales desde el punto de vista económico, en la que se presentan visos de intentar ocultar a los beneficiarios, disfrazar determinadas comisiones y alterar incluso escrituras públicas ya otorgadas», observa la UDEF.

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