12 de febrero de 2016
12.02.2016
'Operación Taula'

El Ayuntamiento de Valencia destituye a un segundo asesor del PP

El gobierno local anuncia que pedirá "información fidedigna" al juzgado para suspender de empleo y sueldo a los empleados que sigan imputados

12.02.2016 | 15:20

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado la destitución de su cargo al asesor del grupo municipal del Partido Popular investigado en el marco del conocido como 'caso Imelsa', Carlos Andrés, a petición de la propia formación popular.

El segundo teniente de alcalde, Jordi Peris, ha informado de ese cese en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local y ha explicado que esta "baja" sigue el mismo procedimiento que la de la exasesora Maricarmen García Fuster, también implicada en la causa que investiga un supuesto blanqueo en el grupo municipal del PP dentro de la denominada 'Operación Taula'.

Fuentes del grupo municipal popular han explicado que Andrés ha pedido de forma expresa su cese "por una cuestión laboral personal, ajena al proceso judicial", y el grupo ha trasladado su petición a la Junta de Gobierno para su aprobación.

Respecto al resto de asesores investigados en la misma causa, Peris ha explicado que van a enviar un requerimiento al juzgado de instrucción número 18 "para solicitar información clara y fidedigna de su situación" y, si se confirma su imputación, procederán a "abrir los expedientes necesarios" para suspenderlos de empleo y sueldo, como se hizo en el caso de Luis Salom.

Comisión de investigación
Peris y el primer teniente de alcalde, Joan Calabuig, han comunicado que el ayuntamiento sigue trabajando en la creación de la comisión de investigación por el 'caso Imelsa', que tiene su origen en una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos desde diversas administraciones pública controladas por el PP.

Han indicado que esperan que empiece su actividad "cuando se levante el secreto del sumario" y Peris ha marcado el 18 de febrero como fecha para hacer la propuesta definitiva de constitución de la comisión, cuyos objetivos se han ampliado respecto a los iniciales.

Además de depurar responsabilidades políticas, la comisión de investigación "revisará los mecanismos de control y supervisión de adjudicación de contratos que se han producido alrededor" de este caso.

El objetivo del equipo de gobierno, que está en conversaciones con el grupo municipal de Ciudadanos para acordar la composición y funcionamiento de la comisión, es "analizar en profundidad qué falló para que ocurriera algo así y tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir".

En este sentido, Peris ha señalado que "el Partido Popular debería pensarse muy bien a quién presenta" como candidato a la comisión de investigación, porque "sería muy difícil de entender y de explicar" que enviase a una de las personas imputadas.

Calabuig y Peris han vuelto a pedir que los concejales cuya imputación haya sido confirmada por el juez dimitan y entreguen sus actas.

En caso de que no dimitieran, el gobierno "instará al PP a tomar las medidas oportunas para que se proceda a su expulsión del grupo municipal y que pasen, en todo caso, al grupo de no adscritos", ha insistido Peris, que también le ha pedido a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que "se posicione con su propuesta de grupo municipal".

Peris ha recordado que la presidenta del Partido Popular "dijo que el 18 plantearía su propuesta", y le ha reclamado "medidas drásticas e importantes que devuelvan la dignidad a los plenos" del Ayuntamiento de Valencia.

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