12 de febrero de 2016
12.02.2016
Sanidad

Las concesiones exigirán hasta cien millones a Sanidad por el gasto oculto

Reclamarán por el perjuicio que provocó a sus resultados el falseamiento de las cuentas del Consell

12.02.2016 | 01:31
Las concesiones exigirán hasta cien millones a Sanidad por el gasto oculto

Las empresas que gestionan el modelo sanitario de colaboración público-privada, vigente en cinco departamentos de salud de la Comunitat Valenciana desde que se inauguró el hospital de la Ribera en enero de 1999, no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados ante la ofensiva de la Conselleria de Sanidad que amenaza su cuenta de resultados.

El avance realizado por parte del departamento que dirige Carmen Montón respecto al cierre de liquidaciones pendientes, algunas de hace siete años, y que empieza a arrojar saldos favorables a la Generalitat, ha obligado a las empresas concesionarias, mayoritariamente Ribera Salud, a buscar resquicios legales con los que plantar cara a la conselleria.

Uno de ellos aparece en las facturas sanitarias en los cajones, un gasto que el Consell del PP en época de Francisco Camps ocultó y que ha acabado con una multa de 18,9 millones de euros por parte de la Unión Europea al Reino de España por falsear cuentas.

Según ha sabido Levante-EMV, las empresas concesionarias de Sanidad, que gestionan los departamentos de la Ribera, Vinalopó, la Marina, Torrevieja y Manises, ultiman una reclamación contra el Consell por la ocultación del gasto sanitario.

Ayer mismo, representantes de Ribera Salud y del resto de empresas adjudicatarias mantuvieron un encuentro, con presencia de abogados, para definir una estrategia con la que reclamar al Consell entre 60 y cien millones de euros, según las cifras que se han puesto sobre la mesa. La petición va a presentarse una vez existe la certeza, con el pago de la multa por parte del Estado, de que el falseamiento existió.

La base legal para esa reclamación se encuentra en los propios contratos de concesión que el miércoles la Conselleria de Sanidad difundió en el portal de transparencia de la Generalitat y que han quedado al alcance de la ciudadanía por primera vez desde que entró en vigor el modelo Alzira hace 17 años.

Base legal para la reclamación

En ese documento, cuyo extracto se recoge en esta página, figura una cláusula de actualización de la prima per cápita que abre la vía legal a la reclamación. La cápita -el dinero que el Consell paga a las empresas por cada habitante al que atienden- es el principal canal de financiación de las concesiones sanitarias. Y esa cápita vincula su posible aumento anual a los presupuestos de la Generalitat. A más presupuesto, más cápita y, por tanto, más ingresos.

Y como ha quedado demostrado que el anterior Consell del PP ocultó facturas y dejó de incluir en los presupuestos una cantidad cercana a los dos mil millones hasta que afloraron para poder acceder a las ayudas al pago de proveedores, el presupuesto no era real. Ahora, las adjudicatarias entienden que tienen derecho a un resarcimiento ya que el presupuesto del Consell debió ser mayor y los contratos de concesión incluyen una fórmula de actualización de la cápita que toma como base el importe del presupuesto de la Generalitat.

Ingreso en la cuenta europea

La dirección general de Fondos Comunitarios de la Unión Europea ya dio órdenes el pasado 25 de enero para el ingreso en las cuentas europeas de 18,9 millones de euros, un dinero que está en la capital comunitaria desde el pasado 28 de enero. Automáticamente, el Gobierno de España ha enviado un oficio a la Generalitat para informar del procedimiento para repercutir la multa a las arcas autonómicas ya que la sanción tiene como origen las facturas ocultas en la sanidad valenciana y ya fue comunicada el pasado mes de septiembre. El Consell exigió que la multa la pagara el Gobierno por no haber controlado a la Generalitat de Camps, aunque el departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro ya anunció hace meses que la multa la pagaría el Consell o se lo detraería de la financiación.

El Síndic de Comptes ya reclamó que el Consell incluyera una provisión para pagar la multa impuesta por la UE a España.

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